La Amazonía y su situación actual 32

Factores impulsores de la degradación medioambiental 34

La geografía de la degradación ambiental 36

El corredor del río Amazonas 37

Amazonía del Sur 38

Amazonía Andina 39

Amazonía de Guyana 40

Degradación hidrológica 41

La economía política de la Panamazonía 42

Entendiendo la economía convencional 43

Historia natural de la selva amazónica 47

Ecología forestal y dinámica del carbono 48

Cambio climático y reciclaje de humedad 49

Política ambiental y hechos concretos en el lugar 50

Gobernanza medioambiental 51

La mayor reserva natural de la historia 53

El renacimiento indígena 55

Monetizar el valor de los servicios de los ecosistemas, o no 58

El desafío del futuro, y lecciones del pasado reciente 60

Cosas que definitivamente sucederán 61

Cosas que posiblemente puedan pasar 62

Cosas que nunca deberían suceder 63

Cosas que es absolutamente necesario que sucedan 64

Enfoques políticos actuales ciertamente necesarios, pero ¿suficientes? 65

La necesidad de un “plan b”: sistemas de producción basados en árboles 66

Anexo 1.1: Contribución relativa de los distintos sectores y subsectores al PIB de los jurisdicciones amazónicas de los republicas andinas y de la costa de Guyana. 67

Anexo 1.2: Contribución relativa de los distintos sectores y subsectores al PBI de los estados de la Amazonía brasileña. 68

Bibliografía 69

Notas al capítulo 1 70

THE WHITE HORSE PRESS

The Old Vicarage, Winwick, Cambridgeshire, PE28 5PN, UK

www.whpress.co.uk

A Perfect Storm in the Amazon Wilderness

Text © Timothy J. Killeen 2021.

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Ilustraciones © Timothy J. Killeen y otros, según los créditos.

Es posible que no se permita la reutilización de ilustraciones. Consulte los créditos individuales para obtener más detalles.

La investigación para este libro fue apoyada por una subvención del Programa Andes and Amazon de la Fundación Gordon and Betty Moore. El autor agradece a sus colegas del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado por su colaboración, particularmente a Liliana Soria por su ayuda en la preparación de los mapas y a Lisete Correa por la selección de fotografías.

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Un registro de catálogo para este libro está disponible en la Biblioteca Británica.

ISBN (volúmenes combinados) 978-1-912186-22-8. doi: 10.3197/9781912186228

Volumen 1. ISBN (HB) 978-1-912186-23-5

Volumen 2. ISBN (HB) 978-1-912186-24-2

Imagen de portada © Greg Shields https://www.flickr.com/photos/greg_shields/

Capítulo 1

La Amazonía y su situación actual

La Amazonía, hogar del bosque tropical más grande del planeta, es un activo natural insustituible con una enorme biodiversidad y un componente de vital importancia en los ciclos globales del carbono y el agua. La Panamazonía, que incluye la cuenca hidrográfica completa y las selvas tropicales del Escudo Guyanés, es un territorio geopolítico que abarca nueve países a los que se les ha confiado la administración de sus recursos naturales (Figura 1.1).

CC BY 4.0.

Figura 1.1: La Panamazonía incluye tanto la ecorregión amazónica (verde) como la cuenca amazónica (azul). El límite sur refleja la legislación brasileña que rige la política fiscal y regulatoria denominada Amazonía Legal (bronce).

Fuente de datos: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.

Hace quince años, las perspectivas de conservación de este activo natural de importancia mundial estaban en duda. La deforestación desenfrenada impulsada por múltiples fenómenos sociales y económicos amenazaba con transformar sus áreas silvestres, degradar sus recursos acuáticos y abrumar a sus comunidades indígenas. Los distintos gobiernos continuaron con la construcción de proyectos de infraestructura a gran escala mientras buscaban apalancar una demanda sin precedentes de productos básicos globales con un mayor acceso a los mercados financieros internacionales. El auge resultante de esta creciente actividad económica motivó a individuos y corporaciones a invertir en oportunidades de negocios en la Amazonía, expandiendo progresivamente la huella de la sociedad moderna. Los científicos del cambio climático mostraron cómo un planeta más cálido afectaría la función del ecosistema, así como de qué manera la deforestación podría interrumpir los flujos de humedad sobre el continente. El panorama era sombrío, y la combinación de amenazas se llegó a denominar como Una tormenta perfecta en la Amazonía1, tomando prestada una frase de la cultura popular que describe las sinergias destructivas entre múltiples fuerzas de cambio.

Afortunadamente, los ciudadanos de los estados panamazónicos estaban conscientes del riesgo del desarrollo descontrolado y exigieron que sus gobiernos intervinieran para detener, o al menos frenar, la destrucción. Personas interesadas de todo el planeta, con el apoyo de iniciativas públicas y privadas de conservación, se unieron a ellos. Los estados panamazónicos ahora cuentan con la red más extensa de áreas protegidas de cualquier región geográfica del planeta, y han reconocido los derechos legales de las comunidades indígenas al formalizar sus reclamos sobre sus territorios ancestrales. Estos dos esfuerzos paralelos se implementaron en un lapso de tiempo notablemente corto, lo que refleja el apoyo de las poblaciones de la zona y la capacidad de la sociedad global para movilizar recursos financieros para la acción ambiental y justicia social. Al mismo tiempo, una reducción drástica en las tasas de deforestación dio esperanza a los defensores que buscaban cambios sistémicos en los paradigmas de desarrollo, particularmente en Brasil, donde el sector agroindustrial reformó sus sistemas de producción después de reconocer que sus intereses comerciales estaban mejor atendidos mejorando su desempeño ambiental.

El éxito de las iniciativas de conservación y la disminución de la deforestación son esenciales para la supervivencia a largo plazo de la Amazonía, sin embargo, la trayectoria no ha cambiado. El 60 % de la región permanece accesible a actividades no sostenibles, incluida la tala de bosques, la explotación artesanal de oro y los asentamientos de pequeños agricultores Las tasas de deforestación han aumentado en toda la región y han registrado máximos históricos en Colombia, Perú y Bolivia. Peor aún, los impactos pronosticados del cambio climático se han manifestado, en parte debido al aumento de las temperaturas pero, lo que es más inquietante, mediante la modificación de los regímenes de precipitación que amenazan con llevar a la región, o al menos a su mitad sur, a un cambio catastrófico en la función del ecosistema que podría conducir a la extinción generalizada de los bosques.

Fotografía © Rhett Butler, cortesía de Mongabay.

La Amazonía es la selva tropical intacta más grande del mundo. El río Javarí en la frontera entre Perú y Brasil.

Acontecimientos recientes, en particular el incremento de los incendios forestales y un proceso electoral en Brasil, han vuelto a colocar a la conservación amazónica en la vanguardia de los medios de comunicación mundiales, dominados por las redes sociales que han logrado dramatizar el tema a nivel local, nacional e internacional. Las sociedades exigen soluciones, pero no serán fáciles ni simples porque las causas de la degradación ambiental en la Amazonía son complejas y abarcan infraestructura, agricultura, minerales, finanzas y gobernanza. Una reforma significativa se ve obstaculizada por el predominio de modelos comerciales convencionales, reforzados por actitudes culturales profundamente arraigadas, corrupción y desigualdad. La respuesta a la pandemia de la COVID-19 expuso la incapacidad de los gobiernos para salvaguardar a sus poblaciones, en particular a las comunidades indígenas cuyo miedo a las enfermedades tiene sus raíces en siglos de historia, así como a los pobres de las zonas rurales y urbanas cuya exposición endémica a enfermedades infecciosas y parásitos aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad.

Cambiar la vía de desarrollo de la Panamazonía es como hacer girar a un transatlántico. Se debe aplicar una presión constante al timón del Estado durante un largo período para impulsar un cambio creciente en múltiples sectores de la economía regional. La regulación y los incentivos de mercado que influyen en el comportamiento humano y las decisiones corporativas, deben estar alineados con los resultados de la conservación, para que el desarrollo sostenible sea menos teórico y más práctico. Esto requerirá reformas profundas en los mercados financieros y comerciales, así como un cambio real en los sistemas regulatorios y una mejor aplicación de las leyes. Con pocas excepciones, los modelos sostenibles de gerenciamiento forestal y pesquero no han producido los beneficios económicos necesarios para hacerlos competitivos con los modelos extractivos convencionales. Peor aún, la monetización de los servicios ecosistémicos ha generado una mera fracción de los recursos necesarios para cambiar el comportamiento humano en la frontera forestal, y mucho menos para subsidiar los esfuerzos de reforestación que los científicos del cambio climático consideran esenciales para estabilizar el régimen hidrológico en el sur de la Amazonía.

Esta segunda edición de Una tormenta perfecta en la Amazonía ofrece una visión general de los temas más relevantes para la conservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y las culturas indígenas de la región, así como una descripción de los modelos de desarrollo convencional y sostenible que compiten por el espacio dentro de la economía regional. Lo sucedido en los últimos diez años se discute en detalle, porque los eventos futuros tendrán que basarse o modificarse de acuerdo a los fenómenos culturales y económicos que impulsan lo sucedido en la Panamazonía. Este texto ofrece una perspectiva histórica más amplia para mostrar cómo las políticas crean legados que repercuten durante décadas, mucho después de que se haya reconocido que son fundamentalmente defectuosos.

Factores impulsores de la degradación medioambiental

¿Por qué la gente tala el bosque? Para cualquiera que haya vivido en una zona forestal la respuesta es tan simple como obvia: deforestar es esencial para el sustento de los habitantes de la región. En algunos casos, puede ser para cultivar alimentos y alimentar a la familia, pero, con mayor frecuencia, las personas deforestan para generar riqueza vendiendo madera, practicando agricultura o criando ganado. El flujo de bienes entre las sociedades rurales y urbanas es tan antiguo como la civilización misma, pero en la economía global actual la conexión entre el productor y el consumidor está mediada por una cadena de suministro que es compleja y no particularmente transparente. Durante las últimas décadas, los aumentos en la demanda de alimentos se han cubierto mediante la expansión de las cadenas de suministro agrícola en detrimento de los bosques tropicales. Los productores agropecuarios que operan en estas zonas se encuentran respondiendo a la demanda global de los bienes que producen, actúan por su propio interés para crear riqueza para sus familias y puestos de trabajo para sus comunidades (Capítulo 3). Muchos son plenamente conscientes de que la deforestación es un problema mundial, pero sostienen que no deberían asumir el costo de conservar la biodiversidad o combatir el calentamiento global, especialmente cuando las naciones ricas han sacrificado sus propios bosques y contaminado la atmósfera en pos de su crecimiento económico. Una idea común, expresada en todos los espectros económicos, es que las naciones ricas deben asumir el costo de la conservación de los bosques.

Fotografía © Rhett Butler, cortesía de Mongabay.

Santa Cruz, Bolivia

Muchos consumidores de países ricos están preocupados por la deforestación en las zonas tropicales, y algunos expresan su disposición a pagar por medidas de conservación. Sin embargo, muchos desconocen que los alimentos que ingieren o el champú que utilizan han sido elaborados con productos que provienen de zonas recientemente deforestadas. Los consumidores están aislados de los productores por una serie de intermediarios, fabricantes y minoristas, que se benefician y contribuyen a las fuerzas comerciales que impulsan la deforestación. De manera similar, el consumo de materias primas minerales, como el hierro, el aluminio y el petróleo, ha contribuido a la degradación de los bosques y las aguas amazónicas. Las industrias extractivas impactan en el bosque directamente al operar minas y campos petroleros e indirectamente cuando esas instalaciones crean un acceso que abre la puerta para la migración y la expansión de la frontera agrícola (Capítulo 5). Las instituciones financieras y los inversores individuales que prestan dinero, o que poseen acciones en empresas mineras, petroleras o de agronegocios, también comparten la responsabilidad de la degradación ambiental.

© Paula Vilela/shutterstock.com.

Mato Grosso, Brasil

La producción de ganado de carne es el principal impulsor de la deforestación y un pilar de la economía rural en el sur de la Amazonía. Los propietarios de tierras talan el bosque en la zona forestal, donde la tierra se puede adquirir mediante transacciones de manera legal e ilegal. Con el tiempo, los ganaderos aumentan el área de pastos al talar los restos de bosque, al tiempo que mejoran la productividad a través del manejo del pastoreo, tecnología de alimentación y la genética animal.

Igualmente, la deforestación está enormemente influenciada por la dinámica de los mercados inmobiliarios rurales. El bosque primario tiene valor porque su madera puede aprovecharse para obtener ingresos en efectivo, pero, una vez talada, se infiere que la tierra es “improductiva” o que tiene “potencial productivo”. Por el contrario, los pastos, las plantaciones y las tierras de cultivo extensivos se consideran “tierras productivas” porque generan ingresos. Esto puede parecer perverso para un ecologista que comprende el potencial productivo a largo plazo de un bosque, pero la tala de los bosques genera flujo de efectivo a corto plazo y agrega valor a los activos inmobiliarios a mediano y largo plazo (Capítulo 4).

© Dr. Morley Read/shutterstock.com.

Las carreteras son vectores de deforestación que mejoran el acceso a áreas anteriormente remotas, atrayendo a colonos que talan el bosque para establecer chacras y ranchos. La mejora de las carreteras recibe un amplio apoyo de los habitantes de las zonas rurales porque facilita el comercio y aumenta el valor de la tierra. Toma aérea de una carretera amazónica en Ecuador y un desmonte realizado por un agricultor de subsistencia.

Las políticas públicas de los estados también fomentan la deforestación. La mayoría de los países amazónicos cuentan con mecanismos legales para transferir tierras públicas a particulares que explícitamente permiten, o incluso exigen, la deforestación. De igual forma, la deforestación a pequeña escala y el uso del fuego están permitidos o abiertamente tolerados en casi todas las jurisdicciones amazónicas. Los gobiernos locales y regionales, con el apoyo de agencias multilaterales de desarrollo, construyen carreteras en zonas vírgenes donde se entiende implícitamente que la especulación de la tierra conducirá invariablemente a la deforestación (Capítulo 2). Estas políticas se mantienen porque cuentan con el apoyo de los intereses económicos de las empresas constructoras, terratenientes y agroindustrias, así como del poder electoral de los campesinos sin tierra que buscan una salida a la pobreza. La retórica que apoya la conservación de los bosques es muy común, pero actuar para reducir la deforestación es políticamente peligroso. El potencial de un movimiento político para impulsar la deforestación se ejemplifica con la elección de Jair Bolsonaro, quien hizo campaña con la promesa de revertir las políticas de conservación de las tres décadas anteriores.

El modo de vida también juega un papel importante. Considere al agricultor pionero que logra una granja exitosa durante toda una vida de arduo trabajo y está comprensiblemente orgulloso de ese resultado. Es probable que sus hijos y nietos tengan puntos de vista similares, incluso si ahora también tienen puntos de vista que apoyan la conservación de los bosques. Las sociedades en las zonas de expansión están pobladas de individuos que creen que el desarrollo convencional es beneficioso, con una visión de vida reforzada por sus sistemas educativos y líderes religiosos (Capítulo 6).

La corrupción es otro acelerador obvio de las fuerzas que impulsan la degradación ambiental. Los escándalos como el de “Lava Jato”2 asociados con la construcción de mega proyectos de infraestructura pública, demuestran cómo el soborno distorsionó los estudios de viabilidad económica para proyectos que podrían haber sido rechazados basándose únicamente en criterios financieros. A menudo se asume que una mejor gobernanza empoderará a los defensores del ambiente y ralentizará la deforestación, pero las iniciativas para descentralizar los procesos administrativos colocan las decisiones en manos de los políticos locales que tienden a favorecer los modelos comerciales convencionales (Capítulo 7).

Los geógrafos y economistas han creado un sistema de clasificación y un léxico para facilitar la discusión sobre los impulsores de la deforestación. El término “causas próximas” se refiere a aquellos fenómenos y actores directamente responsables de la deforestación que, por lo general, se encuentran dentro o cerca del lugar afectado por el fenómeno (Cuadro 1.1a). En muchos casos, existe un vínculo obvio: los ganaderos, por ejemplo, talan el bosque para expandir los pastos para criar ganado. En este caso, muchas veces hay una fuerte correlación, pero no un vínculo directo: una nueva carretera atraviesa una zona forestal, lo que abre el acceso a los colonos para que se dispersen y así establecer chacras y pasturas.

Por el contrario, los economistas utilizan el término “impulsores indirectos” para describir los factores que ocurren a una distancia considerable de la zona de producción, pero crean una fuerza económica que motiva el comportamiento de los individuos en dicho lugar. Estos incluyen mercados donde se comercializan productos básicos, agencias reguladoras que supervisan el uso de la tierra y políticas destinadas a promover el crecimiento económico (Cuadro 1.1b). Dado que la influencia es tanto indirecta como distante, puede resultar difícil establecer la conexión entre causa y efecto. Por ejemplo, ciertas variedades Premium de café que se cultivan en localidades tropicales montañosas específicas se han vuelto populares en América del Norte y Europa. La demanda de estos cafés crea excedentes que se pagan a los productores de estas regiones, lo que los motiva a expandir su producción al talar una zona extra de bosque junto a su cafetal.

El uso de estos términos y la estratificación de las causas de la deforestación puede parecer un ejercicio académico con una aplicación práctica limitada, pero se ha utilizado para identificar puntos de apalancamiento que pueden hacer que las cadenas de suministro sean más transparentes y obligar a los intermediarios a modificar sus prácticas comerciales. De manera similar, una evaluación de los impulsores vinculados a los marcos regulatorios o sistemas financieros puede identificar la existencia de incentivos perversos que recompensan a las personas o corporaciones que deforestan tierras. Los gobiernos han reconocido la necesidad de mejorar las leyes, mientras que las agencias multilaterales han adoptado estándares sociales y ambientales que buscan evitar o mitigar los impactos ambientales asociados con sus inversiones.

Cuadro 1.1a Posibles causas de la degradación ambiental

• Desarrollo de infraestructura

° Carreteras troncales

° Redes secundarias de carreteras

° Ferrocarriles

° Represas y vías fluviales

• Agricultura

° Carne

° Cultivos para el consumo

° Cultivos para el comercio

° Drogas ilícitas

• Producción forestal

° Madera

° Incendios forestales

° Explotación indiscriminada

° Caza indiscriminada

• Minería

° Minerales industriales

° Petróleo y gas

° Oro

• Especulación inmobiliaria

° Legal

° Ilegal

• Gobernanza

° Corrupción

° Ineficiencia administrativa

° Decentralización

° Disturbios y movilizaciones

• Demografía

° Crecimiento poblacional

° Migración

Las interacciones entre los mercados, los sistemas regulatorios, la tecnología y la cultura son por definición complejas, por lo que ha sido tan difícil detener la deforestación. Los éxitos recientes en la reducción de la deforestación se han basado en enfoques integrados, que adoptan el concepto de cambio incremental y la necesidad de involucrar a todas las partes interesadas con intereses legítimos en las actividades que causan, ya sea directa o indirectamente, la degradación ambiental que amenaza la Panamazonía (Capítulo 8).

Cuadro 1.1b Factores y actores indirectos de la degradación ambiental

• Demanda mundial de productos agrícolas

° Cultivos industriales: soya, carne vacuna, aceite de palma

° Cultivos comerciales: café, cacao, azúcar

° Madera, celulosa, biocombustibles

° Drogas ilícitas

• Demanda nacional de alimentos básicos

° Proteínas: carne de res, lácteos, pollo

° Alimentos básicos: arroz, fruta, mandioca (yuca), plátanos

• Demanda mundial de materias primas minerales

° Metales industriales

° Petróleo y gas

° Oro

• Intermediarios del mercado

° Corporaciones multinacionales

° Monopolios estatales

° Conglomerados nacionales

• Marco regulatorio nacional

° Políticas de seguridad alimentaria y biocombustibles

° Regularizaciones de uso del suelo

° Procesos de descentralización

° Sistemas de control ambiental

° Sistemas judiciales inoperantes

° Estrategias de desarrollo regional

• Instituciones financieras

° Agencias multilaterales de desarrollo

° Fondos nacionales de desarrollo

° Inversión extranjera directa

° Bancos nacionales

• Asistencia y extensión técnica

° Servicios públicos de extensión

°Gremios de productores

°Planes de desarrollo alternativo (drogas ilícitas)

La geografía de la degradación ambiental

La Panamazonía abarca aproximadamente 825 millones de hectáreas, de las cuales cerca de noventa millones de hectáreas se han perdido debido a la deforestación. Esto corresponde aproximadamente al 13% de su cobertura forestal original (Cuadro 1.2). A primera vista, este valor porcentual puede no parecer alarmante, particularmente en el contexto de la cobertura forestal total existente. Sin embargo, la selva talada se encuentra dentro de mosaicos de zonas que incluyen un área equivalente de bosques fragmentados, ambos rodeados por extensas partes de selva degradada y dañada por la tala ilegal, los incendios forestales y la caza excesiva. Una estimación conservadora del área total de todos estos “paisajes modificados por el hombre” es de aproximadamente 250 millones de hectáreas, lo que representa alrededor del 30% del área geográfica de la Panamazonía (Figura 1.2).

Cuadro 1.2: Cobertura forestal original y deforestación en las jurisdicciones amazónicas

País

Cobertura forestal original total

(km2)

Deforestación

total

Deforestación histórica

(% de cobertura forestal original)

Deforestación 2010-2018

(km2)

Deforestación 2010-2018

(% de deforestación total)

Bolivia

483 550

67 125

13,9

14 612

21,8

Brasil

4 243 362

670 861

15,8

50 035

7,5

Colombia

419 450

25 585

6,1

5 931

23,2

Ecuador

123 330

11 025

8,9

742

6,7

Guyana Fr.

75 000

650

0,9

360

55,4

Guyana

151 690

6 891

0,6

653

9,5

Perú

725 110

72 624

10,0

10 779

14,8

Surinam

146 931

6 683

0,7

723

10,8

Venezuela

396 335

13 063

3,3

1 740

13,3

Total

6 764 758

874 507

12,8

85 575

9,8

Los paisajes amazónicos modificados por el hombre se pueden estratificar en cuatro macro regiones, según los atributos biofísicos y culturales que han determinado su desarrollo reciente. Cada paisaje tiene una trayectoria de desarrollo única, pero hay etapas identificables que reflejan niveles de inversión en infraestructura, sistemas de producción agrícola, niveles de tecnología y capital social (ver Cuadro de texto 1.1. y Figura 1.3).

Cuadro de texto 1.1. Paisajes modificados por humanos

Las fronteras forestales son corredores de carreteras o ríos que penetran o son adyacentes a paisajes silvestres. Los residentes e inmigrantes explotan los recursos madereros y se apropian de las tierras públicas talando el bosque para consolidar sistemas de producción agrícola de poca tecnología

Las fronteras agrícolas surgen después de la mejora de las carreteras troncales que aseguran el acceso durante todo el año y las carreteras secundarias se extienden hacia el bosque circundante. La tasa de deforestación aumenta, y los remanentes forestales se fragmentan y aíslan progresivamente. La explotación de la madera sigue siendo importante, pero la agricultura aumenta en superficie y en sofisticación tecnológica.

Las fronteras consolidadas son lugares donde los pastos, campos o plantaciones exceden la cubierta forestal. Las tasas absolutas de deforestación disminuyen, pero las tasas relativas siguen siendo altas a medida que los propietarios de las tierras talan los remanentes forestales. La inversión del sector privado en infraestructura industrial agrega valor a la producción agrícola, mientras que el Estado mejora la infraestructura básica en los centros urbanos.

Las fronteras de la fiebre del oro son similares a las forestales, pero la deforestación es causada por mineros de oro ilegales que transforman y destruyen los hábitats de las llanuras aluviales. El acceso puede ser por carretera, río o avioneta.

Las fronteras de la coca son zonas agrícolas pobladas por colonos que talan pequeñas parcelas en el bosque para cultivar hoja de coca destinada a los mercados ilícitos de drogas.

El corredor del río Amazonas

Las terrazas de las tierras altas que flanquean el cauce principal del río Amazonas3 son los paisajes modificados por el hombre más antiguos de la Panamazonía. La gente ha ocupado estas tierras durante milenios4, pero su composición étnica ha cambiado con el tiempo a medida que inmigrantes y esclavos fugitivos se unieron con indígenas para forjar grupos culturales únicos conocidos como caboclo (Brasil) o ribereños (Perú) (Capítulo 6). El río conecta a las comunidades rurales con unas dos docenas de pequeños pueblos y seis grandes centros urbanos: Belém, Macapá, Santarém, Manaus, Tabatinga (Brasil), Leticia (Colombia) e Iquitos (Perú). El tramo más densamente poblado del río se encuentra entre la parte superior del delta y Manaus, pero las comunidades aisladas se extienden río arriba hasta la unión de los ríos Ucayali y Marañón en el este de Perú.

Figura 1.2: Los paisajes modificados por el hombre en la Panamazonía pueden estratificarse de acuerdo con las regiones geográficas (a) y el nivel de desarrollo económico (b).

La base de la economía rural se basa en la captura de peces silvestres y los productos forestales no maderables, en particular la súper fruta açaí, una palmera que domina los hábitats de las llanuras aluviales del bajo Amazonas (Capítulo 8). La mayoría de las familias cultivan un huerto como parte de su economía de subsistencia, mientras que un número limitado de caminos secundarios brinda acceso a los recursos forestales más allá de los límites inmediatos del corredor fluvial. Como vía fluvial, el río funciona como un sistema de transporte a granel para las minas de bauxita ubicadas en las tierras altas adyacentes a la llanura aluvial (Capítulo 5), así como para los productos transbordados en los puertos que prestan servicios a la industria agrícola del sur de la Amazonía (Capítulo 2). El transporte fluvial también sirve al sector de hidrocarburos (petróleo y gas), al mismo tiempo que proporciona un transporte rentable para la madera extraída de regiones remotas a las que acceden decenas de afluentes. Manaus es un destino turístico comercializado como “la puerta de entrada a la Amazonía”, mientras que Leticia e Iquitos han desarrollado el turismo ecológico y cultural vinculado al mercado nacional e internacional (Capítulo 8).

Figura 1.3: Los paisajes modificados por el hombre en la Panamazonía responden a diferentes causas de deforestación, dependiendo de las distintas fases de su desarrollo.

Fuente de datos sobre cambios en el uso de la tierra: “Análisis y descubrimiento mundial de la tierra” (GLAD).

El entorno natural del corredor del río Amazonas está notablemente bien conservado, particularmente en la zona de Manaus, donde un paisaje fluvial salvaje se extiende a lo largo de más de 2 000 kilómetros. Cerca de Manaus, ambos lados del río se han convertido en fronteras forestales, mientras que la zona de las tierras altas entre Oriximiná y Prainha, en el norte de Pará, ha sido deforestada por las pequeñas granjas y ranchos establecidos a finales de los años sesenta y setenta (Figura 1.2). Al otro lado del río, en Santarém, los silos de granos y las instalaciones portuarias al finalizar la carretera BR-163, están impulsando la conversión de pastos en tierras de cultivo agrícola, lo que ha provocado que esta zona en el corazón de la Amazonía se transforme en una frontera agrícola dominada por el cultivo de soya.

© PARALAXIS/shutterstock.com.

El cultivo extensivo es la forma de producción preferida cuando la topografía y los suelos lo permiten, lo que permite a los agricultores cosechar dos veces por año. El modelo de producción de soya y maíz contribuyó con 25 mil millones de dólares a la economía de Mato Grosso en 2020. Las granjas corporativas predominan en algunas zonas (a), pero comparten el mercado de exportación con miles de granjas familiares. Todos dependen de la infraestructura logística, como estos silos en la carretera BR-163 (b), que se conecta a los mercados globales a través de puertos en el río Amazonas.

Amazonía del Sur

Los distintos planes de desarrollo nacionales ejemplificados por redes de carreteras, construidas en selvas vírgenes durante las décadas de los años setenta y ochenta, pusieron en marcha una trayectoria de desarrollo que hizo que esta región fuera conocida como el “arco de la deforestación” (Capítulos 2 y 6). Se han sacrificado más de setenta millones de hectáreas de bosques tropicales para crear una economía agrícola que se extiende desde el este de Pará, en Brasil, hasta Santa Cruz, Bolivia.

© Christian Vinces/shutterstock.com.

La deforestación en las estribaciones andinas es particularmente dañina debido a las altas precipitaciones y la erosión del suelo en laderas empinadas que limita la vida productiva de los campos despejados. Los colonos suelen ser pequeños agricultores que producen alimentos básicos para el mercado interno.

Las bajas tasas de deforestación dentro de las fronteras forestales son el resultado de su lejanía y del mal estado de su infraestructura de transporte. Las zonas más cercanas a los mercados se han convertido en áreas agrícolas o zonas consolidadas. Se ha producido un rápido desarrollo en zonas consideradas de importancia geopolítica (Rondônia) o donde los suelos eran particularmente aptos para cultivos extensivos (Mato Grosso y Santa Cruz). Se han distribuido tierras públicas a más de un millón de familias y varios miles de empresas privadas a través de una variedad de mecanismos legales y extralegales (Capítulo 6). El mosaico de tenencia de la tierra resultante refleja tanto la diversidad de propiedades (pequeñas, medianas, grandes y masivas) como la apropiación permanente de tierras estatales que continúa impulsando la deforestación en las áreas forestales (Capítulo 4).

La mayoría de los pequeños agricultores dedica una parte de su tierra a producir alimentos básicos, pero la producción de ganado de carne es el principal impulsor de la deforestación tanto en las zonas forestales como agrícolas (Capítulo 3). La demanda mundial de soya en la década de los años noventa estimuló la expansión de la agroindustria y permitió modelos comerciales dependientes de los mercados de exportación extranjeros. El cultivo de maíz en rotación con soya catalizó el crecimiento explosivo de los sectores avícola y porcino, mientras que el cultivo de palma aceitera diversificó la economía rural en el noreste de Pará (Capítulo 3). La competencia global está impulsando la inversión en sistemas de transporte a granel que unen las áreas de producción del sur de la Amazonía a las terminales de granos en el río Amazonas (Capítulo 2).

Las estrategias de desarrollo de la década de los años setenta incluyeron programas para la explotación de los recursos minerales de la región. Su historia reciente ha estado marcada por caóticas fiebres del oro que fluyen y refluyen con el precio del metal (Capítulo 5). Un desarrollo más sostenible ha resultado de la explotación de depósitos de metales industriales de clase mundial en la “Serra de Carajás” en Pará, lo que estimuló las inversiones en ferrocarriles, plantas industriales e instalaciones hidroeléctricas. El desarrollo de infraestructura representa una parte importante de la economía regional, en parte porque el gobierno brasileño ha construido más de cincuenta instalaciones hidroeléctricas en la región, incluidas varias instalaciones a gran escala (> 1000 MW) en los ríos Madeira, Tocantins y Xingu (Capítulo 2).

El sur de la Amazonía se puede dividir en cinco zonas forestales, ocho agrícolas, cinco consolidadas y una activa de la fiebre del oro (Figura 1.3). Si continúan las tendencias actuales, las fronteras forestales se convertirán en fronteras agrícolas y las fronteras agrícolas en fronteras consolidadas. Estas áreas modificadas por el hombre, que se organizan alrededor de una red de carreteras troncales y están separadas por remanentes de bosques, están cada vez más aisladas entre sí y de las zonas forestales continuas del oeste, centro y norte de la Amazonía.

Amazonía Andina

Las tradiciones culturales y los planes de desarrollo nacionales perseguidos por los países andinos crearon zonas modificadas por el hombre que son fundamentalmente diferentes de la Amazonía del sur. Cada país construyó una serie de carreteras que conectan un sector específico de las tierras altas andinas con regiones adyacentes de las tierras bajas del Amazonas. Todos los caminos atraviesan las estribaciones andinas, donde decenas de miles de colonos establecieron chacras en pendientes empinadas inapropiadas (y legalmente prohibidas) para la agricultura (Capítulo 2). La erosión del suelo limita la capacidad productiva de las chacras al tiempo que amenaza la integridad de las carreteras construidas en lugares con niveles de lluvia extraordinariamente altos.

La colonización ha sido impulsada por la migración de comunidades indígenas de las tierras altas que han reclamado pequeñas propiedades utilizando sistemas de producción de barbecho forestal para producir alimentos básicos para los mercados locales (Capítulo 6). Con el tiempo, los colonos han diversificado sus sistemas de producción para incluir la palma aceitera, el café y el cacao, algunos de los cuales se destinan a los mercados extranjeros. Los pastos son abundantes y muchas familias poseen ganado, sin embargo, la industria de la carne de res no es un impulsor de la deforestación sino una parte del sistema de producción de barbecho forestal. En ciertas zonas, los agricultores cultivan hoja de coca, a veces legalmente para consumo interno, pero más a menudo como cultivo ilícito para el mercado mundial de producción de cocaína. Un número limitado de empresas ha invertido en plantaciones de palma aceitera a gran escala e instalaciones industriales asociadas en Perú y Ecuador (Capítulo 3).

La riqueza mineral de la región se concentra en los Altos Andes, donde corporaciones globales explotan yacimientos de minerales polimetálicos que han sido expoliados durante siglos. El oro que se originó a partir de estas formaciones geológicas ha sido transportado a los sedimentos aluviales en el piedemonte que son explotados por mineros en pequeña escala en zonas que experimentan la fiebre del oro. La Amazonía occidental tiene importantes reservas de petróleo y gas ubicadas debajo de las zonas aluviales al este de los Andes, y los ingresos derivados de su explotación han sido un pilar de las economías y presupuestos estatales desde la década de los años sesenta (Capítulo 5).

La inversión en infraestructura se ha acelerado en las últimas dos décadas gracias a un esfuerzo internacional para coordinar las estrategias nacionales de desarrollo y promover la integración económica entre los países a través de la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur” (IIRSA). Entre las principales prioridades de IIRSA se encuentran los corredores de transporte que atraviesan zonas silvestres, uniendo la costa del Pacífico con el río Amazonas y las zonas agrícolas del sur de la Amazonía. Los enormes descensos de altura en los ríos que se originan en los Andes, han favorecido el desarrollo de decenas de instalaciones hidroeléctricas de mediana y gran escala. Con una notable excepción5, los esfuerzos para promover mega represas no han tenido éxito porque las inversiones propuestas no han resistido la debida diligencia financiera (Capítulo 2).

Las áreas modificadas por humanos en la Amazonía andina incluyen cuatro zonas forestales, seis agrícolas, siete de hoja de coca y dos de la fiebre del oro (Figura 1.3). La migración y pérdida de bosques ocurre altitudinalmente, a medida que las zonas agrícolas se expanden hacia arriba y lateralmente, y los agricultores se asientan en valles adyacentes o emergen hacia áreas de tierras bajas cercanas. A diferencia del sur de la Amazonía, donde las zonas forestales están asociadas con las carreteras, las zonas forestales más dinámicas de los Andes ocurren a lo largo de los corredores fluviales (Capítulo 6). Los paisajes individuales de las tierras bajas han permanecido aislados unos de otros durante décadas, solo Ecuador ha construido una carretera que conecta todas las zonas de asentamiento de tierras bajas con una carretera troncal integrada. La decisión (o la demora en decidir) de integrar zonas de asentamiento a lo largo del piedemonte ha mantenido un número limitado de corredores biológicos que conectan los bosques de tierras bajas de la Amazonía occidental y los bosques montanos de las estribaciones andinas (Figura 1.2).

Amazonía de Guyana

Las áreas modificadas por el hombre en el “Escudo Guyanés” han evitado los fenómenos de asentamiento y colonización que causaron la deforestación generalizada en el sur como en el área andina de la Amazonía. Los asentamientos históricos están agrupados a lo largo de la costa de Guyana, Surinam y Guayana Francesa, mientras que Venezuela ha seguido una estrategia de desarrollo nacional basada en la industria del petróleo y el desarrollo urbanístico (Capítulo 6). Solo el estado brasileño de Roraima puso en marcha planes de reasentamiento en la década de los años setenta cuando se construyó una carretera pavimentada para conectar Manaus con Boa Vista y, finalmente, con las redes de carreteras nacionales de Venezuela y Guyana. Actualmente, Brasil está construyendo una carretera moderna en Amapá para conectar la ciudad portuaria amazónica de Macapá con el corredor de desarrollo de la costa de Guyana (Capítulo 2).

Surinam y Guyana fueron alguna vez importantes productores de bauxita, pero esas minas cerraron después de agotar los yacimientos fácilmente explotables, dejando atrás zonas degradadas y estanques de residuos tóxicos. El norte de Pará y Amapá tienen importantes reservas de minerales ferrosos, cobre y oro, pero la mayoría están ubicadas dentro de una reserva mineral estratégica que está cerrada temporalmente a la explotación (Capítulo 5). Venezuela tiene depósitos de bauxita económicamente atractivos y reservas de mineral de hierro de clase mundial, sin embargo, sus minas industriales e instalaciones de procesamiento están operando a niveles mínimos debido a la mala gestión económica.

Los considerables recursos de oro de la Amazonía de Guyana están asociados con una formación geológica conocida como cinturón de piedra verde (greenstone belt), que ha sufrido la fiebre del oro durante décadas por parte de mineros en pequeña escala, incluidos los nativos maroons6 y migrantes temporales de Brasil. La mayor parte de la deforestación de Guyana es causada por estos mineros, en consecuencia, se dispersa por los paisajes como pequeños parches que son difíciles de detectar utilizando imágenes de satélite comúnmente disponibles. Se han producido fiebre del oro permanentemente en el estado de Bolívar, en Venezuela, y a lo largo de la frontera con el estado brasileño de Roraima, como también existen minas de oro corporativas a gran escala en funcionamiento o en desarrollo en Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Amapá (Capítulo 5).

Las áreas modificadas por el hombre en el Escudo Guyanés incluyen dos zonas de la fiebre del oro, dos forestales y dos consolidadas. El reciente descubrimiento de grandes reservas de petróleo y gas en alta mar de Guyana y Surinam transformará sus economías a corto plazo.

Degradación hidrológica

El sistema del río Amazonas es el ecosistema de agua dulce más grande del mundo, con casi el 20% de la descarga de agua dulce de la Tierra. Es un bioma acuático megadiverso y un ecosistema enormemente productivo que proporciona medios de vida y recursos proteicos esenciales para sus poblaciones. También es un activo económico estratégico por su capacidad hidroeléctrica y como vía fluvial en una región que carece de carreteras (Capítulo 2). El enorme volumen de agua que fluye a través del sistema del río Amazonas proporciona un nivel inherente de resiliencia, que se ve aumentado por los hábitats intactos de la llanura aluvial que amortiguan las fluctuaciones estacionales en el flujo de agua y absorben los efluentes para consumo humano. No obstante, los fenómenos de desarrollo han impactado los ríos y arroyos dentro de paisajes modificados por el hombre.

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Figura 1.4: Existen tres fuentes principales de degradación hidrológica: (1) represas que atrapan sedimentos, interrumpen los ciclos hidráulicos y bloquean la migración de peces (recuadro azul), (2) minas de oro ilegales que destruyen las llanuras aluviales y liberan mercurio (x negra), y (3) escorrentía por cambio de uso de la tierra (áreas rojas). Los polígonos de colores son hidrocuencas que estratifican las cuencas fluviales en función de los atributos biogeoquímicos.

Fuentes: Zonas de minas de oro: Google Earth & RAISG (Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada). Represas: RAISG; Hydrosheds – B. Lehner and G. Grill. 2013. Procesos hidrológicos 27 (15): 2171–2186; Land cover data – ESA. Land Cover CCI Product User Guide Version 2. Tech. Rep. 2017.

La minería ilegal de oro ha afectado la biogeoquímica de los ríos que drenan los paisajes de la fiebre del oro, donde los mineros se encuentran activos a pequeña escala (Figura 1.2). La huella de las operaciones mineras individuales es relativamente pequeña, pero el impacto ambiental se magnifica por la tendencia de los mineros a operar dentro de las llanuras aluviales (Figura 1.4). El uso generalizado de mercurio, un metal pesado con efectos deletéreos bien documentados sobre la salud humana, está creando un legado ambiental que asolará la región durante décadas (Capítulo 5). Prácticamente todos los mineros en pequeña escala violan las leyes ambientales y evaden impuestos, y muchos son culpables de violaciones de derechos humanos (Capítulo 7). Es probable que la extracción ilegal de oro aumente a corto plazo debido a la volatilidad de los mercados financieros, lo que motiva a los inversores mundiales a comprar oro como cobertura contra la incertidumbre.

Las represas y embalses causan impactos permanentes y de largo plazo al modificar los regímenes hidráulicos, capturar sedimentos e interrumpir la migración de peces (Figura 1.4). Las agencias financieras multilaterales han proporcionado financiamiento clave a entidades públicas y privadas, y empresas chinas han adquirido activos hidroeléctricos en dificultades financieras en Perú y Brasil al tiempo que brindan soluciones a proyectos llave en mano7 en Bolivia y Ecuador. Todas las naciones de la Panamazonía han perseguido el desarrollo de la energía hidroeléctrica como parte de sus estrategias energéticas nacionales, y Brasil está aprovechando la construcción de proyectos hidroeléctricos para desarrollar vías fluviales como sistemas de transporte a granel.

El cambio de uso de la tierra y la escorrentía agrícola han impactado la geoquímica de la mayoría de las cabeceras de los ríos del sur de la Amazonía, donde la conversión de aproximadamente el 50% de la cubierta forestal original, ha aumentado la carga de sedimentos y alterado el estado de los nutrientes de los únicos ríos de aguas claras de la región8. Estos impactos deben ser mitigados por regulaciones ambientales que obliguen a los propietarios a conservar los bosques en los corredores ribereños 9. Sin embargo, el incumplimiento es generalizado y los esfuerzos para motivar a los terratenientes a reforestar los corredores ribereños se ven limitados por el costo, el desinterés y ausencia de control fiscal (Capítulo 7). La deforestación ha afectado los regímenes de precipitación, lo que reducirá los volúmenes de escorrentía, un fenómeno que se agravará con el tiempo a medida que los agricultores adopten la tecnología de riego para mitigar la amenaza de la sequía estacional (Capítulo 5).

La economía política de la Panamazonía

La política es característica en cada país, pero las tendencias en las políticas económicas trascienden fronteras. La economía política de la Panamazonía es el legado de planes estratégicos de desarrollo que comenzaron a implementarse a mediados de las décadas del siglo XX, cuando los distintos estados dirigieron su atención al desarrollo de la Amazonía (Capítulo 6).

El período nacionalista (1960-1985) se caracterizó por gobiernos autoritarios que buscaban utilizar el poder del Estado para aprovechar los recursos naturales de la Amazonía. El empuje hacia la región fue visto como una forma de generar crecimiento económico, mitigar la pobreza y evitar disturbios políticos impulsados por el socialismo. Los gobiernos eran insensibles a los impactos ambientales y culturales, y veían a la Amazonía como una región despoblada que podía absorber una población en crecimiento. Las carreteras se extendieron hacia la selva y las tierras públicas se distribuyeron entre los campesinos sin tierra y los inversores corporativos. Las empresas mineras y la explotación petrolera fueron subsidiadas por los gobiernos… el desarrollo se convirtió en sinónimo de deforestación.

El período neoliberal (1985-2005) comenzó con una ola de reformas orientadas al mercado diseñadas para fomentar el crecimiento económico a través del sector privado. Conocido como el “Consenso de Washington”, cada país promulgó una serie de políticas para privatizar las entidades estatales, eliminar los déficits presupuestarios, reforzar los derechos de propiedad, promover el libre comercio y facilitar la inversión extranjera. El papel del Estado era proporcionar servicios esenciales, como la aplicación de la ley y la administración de un aparato regulador simplificado. La Amazonía se integró en una economía cada vez más globalizada, y, mientras tanto, los defensores ambientales y sociales llamaron la atención sobre la magnitud de la deforestación y la difícil situación de las comunidades indígenas. El concepto de desarrollo sostenible surgió de la academia y pronto dominó los foros políticos. Las exportaciones de productos básicos eran sinónimo de desarrollo.

El período populista (2005-2019) fue una reacción a la austeridad asociada con políticas neoliberales y un rechazo cultural a la influencia extranjera. Distintos gobiernos disfrutaron de sólidas mayorías electorales al prometer abordar la desigualdad social al tiempo que adoptaron una forma de socialismo democrático que realzó el papel del Estado en la economía nacional. Sin embargo, a diferencia de los movimientos socialistas anteriores, estos gobiernos protegieron a los actores del sector privado que estaban generando el crecimiento económico y los ingresos por exportaciones esenciales para financiar sus agendas políticas10. Al igual que sus precursores neoliberales, los populistas asumieron compromisos públicos con la sostenibilidad, apoyaron iniciativas de conservación y actuaron para proteger los derechos de las comunidades indígenas, todo mientras invirtieron en infraestructura y paradigmas de desarrollo convencionales. La sostenibilidad era sinónimo de statu quo.

Cada una de estas fases creó hechos concretos que limitarían o mejorarían las opciones de desarrollo y conservación en las décadas siguientes. Por ejemplo, las carreteras troncales de penetración en el bosque construidas entre 1970 y 1980 crearon el marco para futuras inversiones que son una característica recurrente en el presupuesto anual del estado brasileño. El desarrollo de campos de petróleo y gas en las repúblicas andinas durante la década de los años sesenta generan ahora flujos de ingresos esenciales para la estabilidad macroeconómica al tiempo que crean activos de infraestructura, como oleoductos, que se utilizan para expandir las operaciones hacia zonas silvestres (Capítulo 5). El modelo de producción agroindustrial orientado a la exportación, que se consolidó a fines de la década de los años noventa, es ahora un componente indispensable de las economías, y ha dotado a las agroindustrias de la capacidad financiera para invertir en sistemas de transporte a granel (Capítulo 2). La industria de carne de res en Brasil y Bolivia tiene decenas de miles de electores con suficiente poder político para permitirles ignorar las regulaciones de uso de la tierra destinadas a frenar la deforestación (Capítulo 7). La creación de áreas protegidas y el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas protegieron casi el 50% de la superficie de la Amazonía del alcance del desarrollo convencional (Capítulo 10).

El tipo de políticas del próximo período es incierto. En 2018, Jair Bolsonaro fue elegido presidente de Brasil con una agenda declarada de revertir las políticas de conservación de las últimas dos décadas y regresar al desarrollo desenfrenado que caracterizó la década de los años setenta. En las repúblicas andinas existe un descontento generalizado con las élites políticas contaminadas por la corrupción, pero los gobiernos recién electos continúan aplicando modelos de desarrollo convencionales tolerando la deforestación y la destrucción de los ecosistemas acuáticos causada por la minería de oro en pequeña escala. Venezuela es un caso perdido, mientras que las repúblicas de la costa de Guyana están en el proceso de adoptar una economía que depende de los combustibles fósiles.

Entendiendo la economía convencional

Las economías de los estados se evalúan tradicionalmente por su Producto Interno Bruto (PIB), cifras que miden la producción económica total de una nación. El PIB de la Panamazonía fue de aproximadamente 270 mil millones de dólares en 2017 (Figura 1.5)11, siendo esta una cifra modesta en una economía global valorada en 80 billones de dólares en el mismo año. A modo de comparación, esto equivale aproximadamente a los ingresos totales de Amazon.com, empresa minorista en línea que se ha apropiado del nombre del bosque tropical más grande del mundo12. La contribución al PIB nacional de las jurisdicciones ubicadas dentro de la Panamazonía varía desde un máximo del 100% (Guyana y Surinam) a un mínimo del 0,2% (Guayana Francesa). La contribución de las regiones amazónicas al PIB nacional es pequeña pero significativa en Brasil (8%), Perú (13%) y Ecuador (10%), menos en Colombia (2%) y considerablemente más en Bolivia (59%), donde tres grandes centros urbanos se encuentran dentro de la cuenca del Amazonas13.

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Figura 1.5: El PIB de la Panamazonía estratificado por jurisdicción política y sector (a) y subsector (b). Agricultura y silvicultura: agricultura (AG), pesca y acuicultura (FI), silvicultura (FO), ganadería (LI). Industria: extractivas (EX), manufactura (MA), construcción (CN). Servicios (sector privado): Bienes raíces (RE), comercio (CO), transporte (TR), hotelería (HO), telecomunicaciones (TE), finanzas (FI), servicios profesionales (PS), otros servicios (OS). Servicios (sector público): administración pública (PA), servicios públicos (UT). Actividades ilícitas: coca / cocaína (CC), oro artesanal (Au).

Fuente: Ver anexo 1.1.

Existen numerosos problemas con el uso del PIB como estadística analítica (ver más abajo), no obstante, es el parámetro más utilizado para evaluar la economía de un país. La primera prioridad de la mayoría de los gobiernos es promover el crecimiento económico, y su motivación es tan simple como obvia: el aumento del PIB refleja un aumento de la riqueza, que puede utilizarse para reducir la pobreza; la disminución connota una recesión, que generalmente significa un aumento de la pobreza. Los gobiernos y sus asesores en instituciones multilaterales de desarrollo utilizan el PIB y sus estadísticas subyacentes para identificar de qué manera las políticas fiscales, los impuestos, los subsidios y la inversión pública, impactan en la economía convencional. El PIB es particularmente informativo cuando se desagrega en estadísticas de componentes que miden la producción económica para [sub] sectores económicos y se organiza por jurisdicción subnacional (ver Anexo 1.1 y Anexo 1.2).

La cifra del PIB tiene una utilidad limitada al evaluar la salud económica de una sociedad. Sus detractores señalan cinco limitaciones principales, todas ellas relacionadas con la Amazonía: (1) no proporciona información sobre la desigualdad. (2) subestima la contribución del sector informal14. (3) no intenta medir el valor económico de las actividades de subsistencia. (4) no distingue entre actividades sostenibles, como la recolección de recursos renovables, y modelos de negocios no sostenibles, como la explotación de recursos no renovables. (5) no tiene en cuenta los resultados negativos que crean un pasivo económico a largo plazo, como el derrame de petróleo15 o la pérdida de un servicio ecosistémico clave. A pesar de estas limitaciones, o porque son tan obvias, una revisión de la economía convencional utilizando cifras del PIB destaca los desafíos y oportunidades que enfrenta la búsqueda de una economía sostenible.

Quizás el número más revelador en las estadísticas del PIB sectorial sea la minúscula contribución del sector forestal, menor al 2%, una suma insignificante si se considera el valor intrínseco16 de los vastos recursos naturales renovables de la Amazonía (Figura 1.5). La explicación más obvia de este bajo número es la imposibilidad de asignar valor a las actividades de subsistencia. Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales cosechan alimentos y fibra de los ecosistemas naturales, donde la mayoría de las demás familias cultivan alimentos para su propio consumo. Estas actividades tienen un valor económico tangible y son fundamentales para el sustento de las familias, pero las mediciones del PIB las ignoran. Además, la mayoría de los hogares complementan las actividades de subsistencia mediante la extracción de madera, productos forestales no maderables y vida silvestre. Parte de esta producción es captada por las estadísticas, particularmente para la comercialización de bienes forestales con fuertes mercados de exportación, como castañas o nueces de Brasil y frutos de açaí, sin embargo, otros productos valiosos, como la madera y el pescado, se venden a intermediarios que operan en el sector informal de la economía (Capítulo 8). No obstante, si la contribución real de la economía forestal fuera el doble del valor de las estadísticas oficiales, aún quedaría rezagada con respecto a los sectores de la economía que impulsan la deforestación y otras formas de degradación ambiental. La baja valoración de los productos forestales pone en evidencia el desafío de utilizar la economía forestal como una estrategia de desarrollo alternativa para desplazar a la agricultura y la ganadería.

La economía informal en los estados latinoamericanos representa aproximadamente 30% de la actividad económica total. Esa proporción es mayor en las comunidades fronterizas, donde “el dinero en efectivo es el rey” y las instituciones del estado son débiles o ausentes. Esto es aún más cierto para las zonas de pequeños agricultores donde la agricultura de subsistencia se combina con el cultivo de alimentos comercializados en los mercados nacionales (Capítulo 3). Aproximadamente el 10% de las tierras previamente deforestadas en Brasil y Bolivia han sido colonizadas por pequeños agricultores, aunque sus rastros no son muy notorios, constituyen alrededor del 70% de las familias rurales y son una fuente importante de alimentos básicos, como mandioca, arroz, frijoles y una variedad de frutas tropicales.

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El cultivo de café puede ser un factor de deforestación cuando se establecen nuevos campos mediante la tala de bosques naturales, o una forma sostenible de agricultura tropical si los productores se expanden recuperando campos abandonados y bosques secundarios. Fotografía de Ecuador.

En Perú y Ecuador, el predominio de los pequeños propietarios es mucho mayor, ya que representan alrededor del 98% de todas las propiedades y ocupan más del 90% de las zonas agrícolas (Capítulo 4). El modelo de producción que persigue la mayoría de los pequeños agricultores en la zona fronteriza se basa en la modalidad de talar y quemar (conocido como agricultura migratoria), que se utiliza para establecer y mantener un sistema de producción de barbecho forestal. La mayoría de los agricultores invierten en sistemas de producción perennes a lo largo del tiempo a medida que diversifican sus cultivos y plantaciones, pero expanden el cultivo a expensas de los bosques remanentes dentro de sus propiedades. El valor total de su producción no se incorpora al PIB, lo que provoca que las estadísticas oficiales subestimen su contribución a la economía regional, así como las fuerzas económicas que impulsan la deforestación por parte de los pequeños agricultores.

Un factor más significativo en la subvaloración de la producción agrícola y ganadera es el marco metodológico diseñado para evitar la doble contabilidad al momento de compilar las cifras del PIB. A diferencia del subregistro causado por la economía informal o los agricultores de subsistencia, esto no es un error o defecto, sino una característica de la metodología de contabilidad del PIB. El valor de la producción para cualquier sector se mide solo una vez, y en el caso de la agricultura, esos datos se capturan en la “puerta de la granja”, un término que se usa para describir el precio pagado al productor. Todas las transacciones posteriores “agregan valor” al producto básico y se acumulan a un participante en la cadena de suministro; por ejemplo, el mayor valor de la carne de res y el aceite de soya se acumula para el sector manufacturero, mientras que el costo de transportar los granos a las terminales de exportación se asigna al sector del transporte. De manera similar, los gastos por insumos hechos por los agricultores y ganaderos antes de la cosecha o la venta de ganado se restan de los ingresos de la finca y se asignan a sus respectivos sectores de servicios, que incluyen veterinarios, empresas de semillas, distribuidores de maquinaria agrícola, empresas de combustibles y vendedores de agroquímicos. Una comparación del valor bruto total de la producción agrícola en Mato Grosso con la estadística de valor agregado, utilizada para compilar el PIB sectorial, revela que el 45% de los ingresos totales se asignan a proveedores de servicios o fabricantes en la cadena de suministro de productos básicos.

El sector de servicios es el componente más grande del PIB en siete jurisdicciones y el segundo sector más importante en las diez restantes (véanse Anexo 1.1 y Anexo 1.2). El predominio del sector de servicios no es infrecuente entre los estados porque es una canasta de muchas actividades económicas diferentes. El crecimiento del sector de servicios también es consecuencia de la urbanización en curso de la sociedad amazónica (Capítulo 6). Más del 50% de los habitantes de la región residen en ciudades con poblaciones superiores a 100 000 habitantes y la inmensa mayoría trabaja en el sector de servicios. Muchos de los servicios en las grandes ciudades son inocuos para el ambiente y podrían adaptarse fácilmente a una economía “verde”, incluidas las telecomunicaciones, la gestión de la información, la atención médica, la hotelería y las finanzas. Solo Manaus tiene un sector manufacturero fuerte, situación anómala mantenida por subsidios y barreras arancelarias. Las otras grandes ciudades (Belém, Santa Cruz, Cuiabá, Santarém, Porto Velho) son económicamente diversas, pero sus empresas manufactureras y de servicios dependen directa o indirectamente de los ingresos de la industria extractiva o de los sectores agrícola y ganadero. La dependencia de las ciudades medianas (de 10 000 a 100 000 habitantes) de la economía rural es aún más pronunciada porque son la puerta de entrada económica para los servicios del sector privado a las granjas, ranchos y comunidades rurales.

Las ciudades y pueblos de mediano tamaño también son lugares donde los habitantes de las zonas rurales acceden a los servicios públicos, principalmente a la atención de la salud y educación secundaria, pero también a la asistencia técnica y al crédito financiero. La mala calidad de las escuelas rurales motiva a muchas familias a mantener una residencia en pueblos pequeños cercanos, uno de los varios factores que contribuyen a la migración del campo a la ciudad. Los habitantes urbanos también disfrutan del acceso a los servicios básicos que se dan por sentado en las economías avanzadas, como el saneamiento, la electricidad, el acceso a Internet y la educación superior. Todos estos están ausentes en la Amazonía rural. Los gastos del gobierno son relativamente grandes en Brasil, sobre todo en Acre, Amapá, Rondônia y Roraima (ver Anexo 1.2), lo que refleja la voluntad de ese país de subsidiar sus jurisdicciones fronterizas a través de transferencias de ingresos del presupuesto federal a los estatales y locales. Esto incluye presupuestos operativos para la aplicación de la ley y la investigación y extensión agrícolas, así como el apoyo a un gran sistema universitario público (Capítulo 9), supervisión ambiental (Capítulo 7) y gestión de áreas protegidas (Capítulo 11).

La generosidad de Brasil contrasta con los estados andinos, donde los pequeños presupuestos públicos de las jurisdicciones amazónicas son un legado de sus sistemas de gestión centralizados (Capítulo 7). La contribución algo mayor de Bolivia se debe a la inclusión de su ciudad capital, La Paz, dentro de la Panamazonía, mientras que la de Colombia es consecuencia del presupuesto asignado a sus fuerzas de seguridad (Capítulos 6 y 7). Guyana y Surinam tienen presupuestos que históricamente fueron similares a los de las repúblicas andinas, pero el gasto público aumentará después de 2021, cuando los campos petroleros en alta mar comiencen a producir petróleo y gas natural (Capítulo 5).

Los presupuestos públicos brindan una de las vías más fáciles para canalizar recursos financieros y así alejar la economía amazónica de los paradigmas de producción no sustentable, razón por la cual el enfoque jurisdiccional está ganando popularidad como una forma de organizar los servicios de pago por ecosistemas17. El desafío será traducir un aumento del gasto estatal en una modificación del comportamiento de los actores del sector privado. Brasil siguió una versión de esta estrategia de 2004 a 2018 cuando logró reducir la deforestación en sus estados amazónicos en un 80% (Capítulo 10). Sin embargo, este esfuerzo ha provocado una reacción política por parte de los terratenientes que se oponen a las medidas regulatorias impuestas por el Estado.

Todas las naciones panamazónicas sufren un déficit en infraestructura básica, consecuencia de décadas de baja inversión provocada por la inestabilidad política, la mala gestión y la austeridad financiera impuesta por las instituciones financieras multilaterales. Un aumento en la actividad de la construcción se produjo entre 2005 y 2015, cuando el auge mundial de las materias primas proporcionó a los gobiernos nacionales ingresos que les permitieron incrementar radicalmente las inversiones en infraestructura básica (Capítulo 2). Las áreas urbanas se beneficiaron más, porque allí era donde la necesidad era mayor. Sin embargo, las inversiones en redes de transporte y sistemas de energía fueron una prioridad, ya que los gobiernos buscaron elevar el crecimiento económico integrando zonas fronterizas en la economía nacional y aprovechando los recursos naturales de la Amazonía.

La contribución del sector de la construcción al PIB regional es grande en todas las jurisdicciones, colocándose justo detrás de la agricultura como un componente de la economía convencional (ver Figura 1.6). El financiamiento para infraestructura proviene de una combinación de presupuestos anuales, deuda emitida por bancos nacionales de desarrollo, bonos respaldados por el gobierno y agencias multilaterales de desarrollo. Las entidades respaldadas por el Estado de China se han convertido en un participante destacado en proyectos hidroeléctricos a gran escala, mientras que los inversores privados han asumido un papel de liderazgo en el desarrollo de los ferrocarriles (Capítulo 2). Los proyectos de construcción a gran escala en la Amazonía han sido duramente criticados por sus impactos ambientales y sociales (Capítulo 7), sin embargo, cuentan con el apoyo de funcionarios electos de los sucesivos gobiernos. El sector de la construcción es un defensor descarado de la inversión en infraestructura de transporte y energía, y ve la deforestación y la degradación hidrológica como impactos ambientales aceptables.

Existe una sinergia inherente entre los gastos de construcción y el valor de los inmuebles. Las inversiones agregan valor a un activo, mientras que el valor de las propiedades aumenta tras las mejoras en la infraestructura pública. La contribución reportada de las transacciones inmobiliarias al PIB es aproximadamente la misma que la de la construcción y, asimismo, es en gran parte consecuencia de las inversiones en los centros urbanos. Sin embargo, los compradores y vendedores a menudo rebajan el valor declarado de las transacciones inmobiliarias para evadir impuestos, una práctica más frecuente en las zonas fronterizas donde los contratos se ejecutan sin la intermediación de los bancos (Capítulo 4). Esta práctica común es otro ejemplo de cómo la economía informal da lugar a prácticas corruptas y su contribución al PIB está subestimada. Los mercados inmobiliarios están aún más distorsionados por la actividad altamente lucrativa del acaparamiento de tierras y, en las repúblicas andinas, el lavado de dinero vinculado a las drogas ilícitas (Capítulo 3). El control del acaparamiento de tierras se ve obstaculizado por las reparticiones públicas que administran la titulación, pues están plagadas de ineficiencias administrativas, un trabajo atrasado que abarca décadas y funcionarios cómplices de la actividad delictiva (Capítulo 4)18.

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El “Oleoducto Transandino” en Ecuador ha provocado numerosos derrames de petróleo durante sus 40 años de vida. Los lugareños utilizan el derecho de paso para acceder a pequeñas granjas taladas del bosque. La producción de petróleo es una fuente importante de ingresos públicos.

Las industrias extractivas en las jurisdicciones panamazónicas son enormemente importantes para las economías nacionales de Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam y, en menor medida, Bolivia y el Estado de Pará (Anexo 1.1 y Anexo 1.2). Todos los recursos minerales en la Panamazonía son propiedad de los estados, que los explotan a través de empresas estatales o algún tipo de empresa mixta con corporaciones que se especializan en la minería o la producción de hidrocarburos (Capítulo 5). Los ingresos se acumulan en el PIB de una región, aunque no fluyan a través de la economía local, en cambio, se depositan directamente en el tesoro nacional. Este procedimiento de contabilidad distorsiona el valor del PIB per cápita, que a menudo mal informan los medios de comunicación como una medida del bienestar humano. El 45% del PIB de la Amazonía ecuatoriana es aportado por las exportaciones de petróleo y, si se excluye ese ingreso del PIB regional, el valor per cápita en 2017 bajaría de US $ 11 500 a US $ 6 400.

Los distintos gobiernos devuelven las rentas por la minería a las regiones productoras a través de regalías que se incluyen dentro de los valores del PIB. Las regalías varían según el país y los productos básicos: Perú tiene el mecanismo de distribución de ingresos más generoso, que combina las regalías con el impuesto sobre la renta de las empresas en un sistema denominado “canon”. Brasil tiene el sistema de regalías más frugal, pero transfiere una mayor cantidad de dinero a través del sistema presupuestario general (Capítulo 5). Al igual que la agricultura, las industrias extractivas generan beneficios para las regiones a través del sector de servicios, que varían según el producto extraído: los hidrocarburos pagan regalías más altas pero consumen menos servicios, mientras que los mineros pagan regalías más bajas pero consumen más servicios19. En Ecuador y Colombia, la explotación de petróleo fue uno de los principales impulsores del asentamiento amazónico y la deforestación, mientras que el desarrollo de los yacimientos de mineral de hierro en la serranía de Carajás fue parte de una estrategia de desarrollo multisectorial (ver Cuadro de texto 1.2).

El sector minero tiene un componente ilegal que se ha convertido en una de las actividades más lucrativas de la Panamazonía. La minería de oro artesanal y en pequeña escala, generó un estimado de 7 mil millones de dólares en 2017, de los cuales aproximadamente la mitad se exportó a través de canales invisibles para las autoridades. La mayoría de los mineros en pequeña escala utilizan tecnologías de extracción que destruyen las llanuras aluviales mientras contaminan las cuencas hidrográficas con mercurio. Las cuencas más gravemente afectadas son los afluentes del río Madeira (ríos Madre de Dios y Beni) y río Tapajós (río Crepori), el río Caroni en Venezuela, el Esequibo en Guyana y el Courantyne en la frontera entre Surinam y Guayana Francesa (Capítulo 5).

Cuadro de texto 1.2. El Corredor de desarrollo Carajás - São Luis

El Estado de Pará ha desarrollado una industria metalúrgica resultado de una estrategia nacional deliberada para agregar valor a las exportaciones de minerales, esto ha llevado a la inversión en molinos industriales que transforman la bauxita en aluminio y el mineral de hierro en acero. La fundición de aluminio es un proceso que consume mucha energía y que ha motivado la construcción de instalaciones hidroeléctricas a gran escala en los ríos Tocantins y Xingu. Las acerías y las fundiciones de arrabio consumen grandes cantidades de carbón vegetal proporcionado por los terratenientes que establecieron haciendas ganaderas a lo largo de la línea férrea entre las minas de la Serra de Carajás y las instalaciones portuarias cerca de São Luis do Maranhão.

Los distintos gobiernos estatales de Pará han tenido una tradición “pro minera”, lo que refleja los beneficios económicos derivados de las minas, incluidas las regalías y los ingresos fiscales, pero lo que es más importante, el crecimiento económico generado por los bienes y servicios vendidos a las empresas mineras. El corredor de desarrollo entre la Serra de Carajás y São Luis do Maranhão ha perdido más del ochenta por ciento de su cubierta forestal original.

Otra actividad ilegal no tomada en cuenta por el PIB es la cadena de suministro de coca-cocaína que se origina en Bolivia, Colombia y Perú. El cultivo cuasi legal (o tolerado) de coca está asociado con laboratorios descaradamente ilegales que procesan la hoja de coca para producir pasta básica de cocaína. La cadena de suministro de coca-cocaína genera alrededor de 1 500 millones de dólares anuales dentro de los distintos países amazónicos, cantidad que se multiplica varias veces a medida que se blanquea dinero en los sectores de comercio, construcción e inmobiliario. El cultivo de coca es una fuente importante de deforestación en el piedemonte andino, donde ocurre en zonas que rodean áreas protegidas y territorios indígenas (Capítulos 3 y 10).

© Christian Inga/shutterstock.com.

Yacimiento de oro en la orilla de un afluente del río Madre de Dios en el sur de Perú. Estos yacimientos a cielo abierto son particularmente perniciosos porque sus impactos se extienden mucho más allá de la deforestación del lugar, que típicamente se extiende por toda la llanura aluvial, desde la terraza del río hasta decenas de kilómetros más adelante. Las cuencas hidrográficas están contaminadas por mercurio y sedimentos, mientras que la migración de peces se ve impedida tanto por encima como por debajo del lugar. Esta actividad altamente lucrativa es llevada a cabo por pequeños y medianos mineros que operan ilegalmente.

Historia natural de la selva amazónica

Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, científicos afiliados a instituciones del hemisferio norte organizaron la mayoría de las expediciones a la Amazonía. Estos botánicos, zoólogos y antropólogos, acompañados por científicos locales y extranjeros inmigrantes acabaron siendo los gestores para la creación de museos de historia natural en los países de la Panamazonía. La inversión en investigación y educación se expandió dramáticamente a medida que los gobiernos aplicaron estrategias de desarrollo basadas en la explotación de los recursos naturales de la región. La capacidad institucional creció hasta abarcar más de cincuenta universidades y media docena de instituciones de investigación dentro de la Panamazonía. Las colecciones, publicaciones y estudiantes crecieron exponencialmente y, a fines del milenio, se registraron anualmente más especímenes en los museos regionales que todas las colecciones heredadas almacenadas en museos extranjeros (Capítulo 9).

Las colecciones de los museos europeos y norteamericanos son la base de los sistemas de clasificación taxonómica de la ciencia de la biodiversidad. Desafortunadamente, esa información no estaba disponible para los biólogos locales, quienes lucharon por identificar las plantas y animales que encontraron durante su trabajo de campo. A partir de la década de los ochenta y acelerándose en las décadas de los noventa y dos mil, la innovación en la gestión de la información y el desarrollo de la Internet revolucionaron la ciencia de la biodiversidad. Tanto los recursos de información en línea, como las bases de datos taxonómicas y los archivos de imágenes digitales, han mejorado enormemente la cantidad y calidad de los inventarios florísticos y faunísticos. Cada país puede presumir ahora de un catálogo relativamente completo de todos los grupos de vertebrados y una sólida lista de verificación de plantas vasculares, que continúan mejorando a medida que los cuadros de jóvenes biólogos exploran sus países. Los biogeógrafos y ecólogos ahora pueden mapear con precisión la distribución y abundancia de especies, lo que ha mejorado la identificación de especies endémicas únicas en una región o localidad específica, así como evaluar objetivamente el riesgo de extinción de especies individuales20. Los biólogos locales participan rutinariamente en el esfuerzo global patrocinado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), para identificar especies en peligro de extinción mientras lideran el mismo esfuerzo dentro de sus propios países. Tener estos estudios realizados por biólogos locales que trabajan dentro de las instituciones nacionales ha aumentado la legitimidad de esa información a los ojos del gobierno y la sociedad.

Ecología forestal y dinámica del carbono

La selva tropical está compuesta por miles de especies de árboles longevos, cada uno con una historia natural caracterizada por atributos morfológicos, fisiológicos y reproductivos únicos. Se conocía muy poco sobre los procesos ecológicos dentro de estas comunidades de plantas en 1980, cuando los ecólogos comenzaron a establecer estudios a largo plazo para documentar su composición, estructura y función. En un proyecto cerca de Manaus, los científicos crearon un experimento para evaluar el impacto de la deforestación y la fragmentación de los bosques en las comunidades de plantas y animales21. En otro, docenas (eventualmente cientos) de botánicos afiliados a universidades e instituciones de investigación locales, crearon una red22 de cientos (eventualmente miles) de parcelas permanentes de una hectárea esparcidas por toda la región. Han utilizado estas parcelas para estudiar la biodiversidad de árboles amazónicos, identificando qué especies son extraordinariamente abundantes (hiperdominantes) y cuáles son extremadamente raras, así como para documentar cómo las comunidades de árboles varían a lo largo de gradientes latitudinales, altitudinales y climáticos, información esencial para comprender cómo podría cambiar la Amazonía en el futuro como consecuencia del calentamiento global (Capítulo 9).

CC BY 4.0

Figura 1.6: La temporada de incendios de 2020 en la Amazonía al sur del Ecuador fue especial, ya que comenzó en julio cuando los terratenientes usaron el fuego para renovar los pastizales (a) y limpiar los campos en los campos existentes (b). El uso del fuego ase incrementó al final de la estación seca (septiembre a octubre) cuando se quemó lo recientemente deforestado para expandir la producción (c). Escapes de incendios gestionados para crear incendios forestales que impactan el sotobosque del bosque natural (d). Eje y muestra del área de quema medida en kilómetros cuadrados por MODIS, instrumento satelital de la NASA.

Fuente de datos: Global Fire Emissions Database, Amazon Dashboard, https://globalfiredata.org/pages/amazon-dashboard/

Debido a que los ecólogos contabilizan los árboles y miden su tamaño, se ha podido descubrir las dimensiones de las gigantescas reservas de carbono de la Amazonía. Lo que es más importante, debido a que repiten sus mediciones periódicamente, han descubierto que el ecosistema amazónico ha funcionado como un sumidero neto de carbono durante las últimas décadas. Sorprendentemente, se descubrió que la capacidad fotosintética del bosque primario intacto era tan grande, que la floresta ha estado secuestrando más carbono anualmente del que se estaba perdiendo a través de la deforestación y la degradación en la frontera forestal. Desafortunadamente, estos mismos estudios identificaron una tendencia en aumento de la mortalidad de los árboles y un cambio en la composición de especies, que puede causar que el bosque primario intacto se convierta en una fuente neta de emisiones de carbono durante la próxima década. El cambio en la función del ecosistema se debe, en parte, a alteraciones en los procesos fisiológicos de las hojas estresadas por sequías periódicas y altas temperaturas, pero también a un cambio en la composición de las especies arbóreas causado por el aumento de la mortalidad de ciertas especies (Capítulo 9).

Las inversiones en ecología forestal se han complementado con esfuerzos paralelos para observar y evaluar zonas boscosas utilizando tecnología de teledetección. Brasil lideró el camino a principios de la década de los años ochenta con el compromiso de cuantificar anualmente la deforestación mediante imágenes de satélite, una decisión que tendría un enorme impacto en el debate público sobre la expansión de la frontera agrícola (Capítulos 2 y 9), así como las decisiones realizadas en foros internacionales relacionados con el cambio climático (Capítulo 10). Los protocolos y la tecnología desarrollados por la agencia espacial brasileña han sido adoptados como un estándar global, y ahora son utilizados por todas los países panamazónicos para monitorear sus propias fronteras forestales. Con el tiempo, la innovación en la tecnología de teledetección condujo al despliegue de sensores satelitales que podían monitorear la deforestación en tiempo real, así como identificar la degradación de los bosques por la tala y los incendios forestales (Figura 1.6). Estos estudios complementaron la investigación de campo de los ecólogos forestales, lo que permitió a los investigadores mapear espacialmente la distribución de la biomasa forestal, así como detectar la variación estacional e interanual del clima, y de qué manera estaba afectando la función del ecosistema a escala local, regional y continental (Capítulo 10).

Cambio climático y reciclaje de humedad

A partir de la década de los años noventa, los ecólogos de ecosistemas y científicos atmosféricos de la agencia espacial brasileña se embarcaron en una sofisticada colaboración con la NASA y otras instituciones internacionales de investigación. El objetivo era comprender y modelar las interacciones entre la atmósfera, el océano y el ecosistema forestal. Recopilaron datos utilizando instrumentos montados en satélites, plataformas aéreas y torres de dosel, una colaboración que descubrió de qué forma las anomalías cíclicas en las temperaturas del océano, como los fenómenos de El Niño y La Niña, impulsan las sequías e inundaciones a tal escala que impactan en la Amazonía. El hallazgo más importante fue dilucidar cómo los bosques tropicales reciclan el agua entre la superficie y la troposfera superior a través de un proceso conocido como “convección profunda”, también denominado “bomba biótica”, donde este sistema natural mantiene la alta precipitación que caracteriza a la selva amazónica (Capítulo 10).

CC BY 4.0

Figura 1.7: El “Monzón de América del Sur” es determinado y controlado por la rotación de la Tierra, el cambio estacional de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la altura de los Andes y las gradientes de presión atmosférica impulsadas por las diferencias de temperatura en Sudamérica.

Fuente de datos: Marwan, N. and J. Kurths. 2015. ‘Complex network based techniques to identify extreme events and (sudden) transitions in spatio-temporal systems’. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 25 (9): 097609.

Los impactos de la deforestación, la fragmentación y la degradación de los bosques están debilitando el reciclaje de agua, y esto está aumentando la intensidad y frecuencia de las sequías estacionales e interanuales. El riesgo es particularmente agudo en el sur de la Amazonía, una zona de transición climática donde los cambios sutiles en la sucesión ecológica pueden determinar si una zona está dominada por especies de bosques o sabanas. Dependiendo cuándo se establece una comunidad forestal, los mecanismos de retroalimentación reforzarán la bomba biótica, lo que favorece un estado de equilibrio que apoya el mantenimiento de la selva tropical. Puede ocurrir una transición rápida a un equilibrio no forestal si un factor ambiental clave, como la sequía, los incendios forestales o la tala, supera el umbral que altera el microclima y favorece a las especies forestales. Cuando eso ocurre, los árboles de la selva tropical sufren altas tasas de mortalidad y son reemplazados por especies adaptadas a condiciones similares a las de las sabanas abiertas (Capítulo 10).

NASA (Public Domain)

Los incendios forestales suelen comenzar cuando los terratenientes queman pastos para renovar el forraje o talar el bosque para establecer nuevos campos. El fuego controlado a menudo se propaga a los bosques naturales adyacentes y, durante los años de sequía, puede dañar millones de hectáreas de hábitat de bosque primario. Esta fotografía de incendios forestales a lo largo del Río Xingu, fue tomada por astronautas de la Estación Espacial Internacional en 2011.

Observatorio de la Tierra de la NASA, https://earthobservatory.nasa.gov/images/71256/fires-along-the-rio-xingu-brazil

Los modelos climáticos muestran que las sequías en la Amazonía se volverán más frecuentes e intensas, mientras que la elevación de temperaturas aumentará el estrés en los árboles tropicales. Existe una creciente preocupación de que el sur de la Amazonía pueda sufrir dos o más años consecutivos de sequía, lo que podría desencadenar una mortandad forestal a gran escala de proporciones catastróficas. Conocida como la “hipótesis del punto de inflexión”, es una llamada de atención a los peligros de la deforestación no controlada, la tala ilegal y el uso indiscriminado del fuego por parte de pequeños agricultores y ganaderos. El impacto de un ecosistema forestal en colapso se extendería mucho más allá de la pérdida de biodiversidad en el bosque remanente del sur de la Amazonía, porque señalaría una reducción drástica de las precipitaciones en toda la región y más allá.

El descubrimiento más significativo económicamente de los últimos años surgió de una colaboración entre agencias meteorológicas para integrar las manifestaciones subregionales de las estaciones anuales húmedas y secas en un sistema climático común a escala continental. Bautizado como el “Monzón de América del Sur” (SAM), cuantificaba el flujo de agua desde el océano Atlántico hacia el oeste a través del Amazonas, hacia el sur a lo largo de la base de los Andes y, eventualmente, al sureste hacia los paisajes subtropicales de Bolivia, Paraguay, Brasil central y norte de Argentina (Figura 1.7)23. La combinación del reciclaje de agua impulsada por convección profunda dentro de la Amazonía y la distribución de agua en todo el continente por la SAM, vincula directamente la productividad de una de las zonas productoras de alimento más importantes del planeta, y la salud económica de cuatro naciones, con la conservación de la selva tropical amazónica (Capítulo 9).

Política ambiental y hechos concretos en el lugar

Desde el principio, los académicos se dieron cuenta de que los programas de desarrollo que se estaban implementando en la Amazonía en las décadas de los años sesenta y setenta traerían un daño irreversible. Los intentos de promover la conservación fueron una consecuencia natural de sus esfuerzos por documentar la diversidad biológica y la complejidad ecológica de la región. Sin embargo, no fueron los primeros defensores de la Amazonía, esa distinción pertenece a los pueblos indígenas que han estado luchando por proteger su forma de vida durante siglos. Estos dos grupos, a veces trabajando juntos y a veces de forma independiente, motivaron a los ciudadanos de todo el mundo a organizar grupos de la sociedad civil, ahora conocidos como “Organizaciones No Gubernamentales” (ONGs), para abogar por la conservación de la biodiversidad, la protección de los derechos indígenas y, finalmente, la transformación de la economía de la región. Los gobiernos y el sector privado han respondido implementando políticas y adoptando prácticas comerciales que buscan frenar el deterioro del medio ambiente. Sin embargo, queda por ver si estas acciones serán suficientes para cambiar el comportamiento humano, o retrasar el calentamiento global dentro del plazo necesario para salvar la Amazonía. Estas políticas ahora están siendo cuestionadas por gobiernos recientemente electos en Brasil y Bolivia que han abrazado modelos de desarrollo convencionales, por el caos en Venezuela y por la incertidumbre que se cierne sobre Ecuador, Perú, Guyana y Surinam.

Gobernanza medioambiental

Los países panamazónicos tienen constituciones que fueron reformadas en las últimas décadas del siglo XX. Las versiones anteriores ignoraron el ecosistema o incorporaron artículos simples que asignaban al estado el “deber” de proteger o “mejorar” el ambiente. La Constitución brasileña de 1988 fue radicalmente diferente: diez artículos separados abordan la conservación de la naturaleza o la gestión ambiental al declarar que el acceso a un ambiente saludable es un derecho humano básico. Las constituciones reformadas de Colombia (1991), Perú (1993), Bolivia (1994, 2009), Venezuela (1999) y Ecuador (2008) incluyen mandatos para promulgar legislación ambiental y crear Ministerios del Ambiente24. La de Ecuador es la más enfática, afirmando que la Madre Tierra (Pachamama) tiene derechos que deben ser honrados por la sociedad humana (Capítulo 7).

PAC collection at flickr.com; CC BY-NC-SA 2.0

La represa y central eléctrica de Jirau en el río Madeira, en Rondônia, fue construida entre los años 2008 y 2016 como parte del “Programa de Aceleração do Crescimento – PAC” (Programa de Aceleración del Crecimiento), a pesar de las objeciones de los ecologistas hídricos quienes advirtieron que alteraría los ciclos naturales de las inundaciones, impediría el flujo de sedimentos hacia los hábitats río abajo, y obstruiría la migración de especies comerciales de peces esenciales para los medios de vida de miles de comunidades fluviales.

Los distintos Ministerios del Ambiente son los responsables de desarrollar la política ambiental y administrar las instituciones que regulan el uso público y privado de los recursos naturales. Sin embargo, la mayoría de ellos comparte las responsabilidades de gestión con otras instituciones que reflejan agendas domésticas que compiten entre sí. Por ejemplo, el Servicio Forestal Nacional es parte de los Ministerios de Agricultura en Brasil y Perú, mientras que la regulación de los recursos hídricos se comparte con el Ministerio de Agricultura en Perú, con agencias de energía en Brasil, o se consagra como una agencia separada en Ecuador. Los Ministerios del Ambiente tienen responsabilidades bien definidas para supervisar la gestión de los pasivos ambientales a largo plazo vinculados al sector extractivo (Capítulo 5), además de revisar el daño potencial del desarrollo industrial y las inversiones en infraestructura.

El objetivo declarado de la gestión ambiental moderna es “evitar, mitigar o compensar” los efectos negativos del desarrollo moderno. El marco del los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se introdujo en América Latina en la década de los años noventa, y en la actualidad se lleva a cabo de forma rutinaria como parte de los procesos de debida diligencia y planificación de viabilidad para importantes inversiones industriales o de infraestructura. Al igual que sus homólogos de las economías avanzadas, estos documentos técnicos reflejan las presiones sociales en conflicto entre los promotores del crecimiento económico y los defensores de la conservación de la naturaleza. Sus metodologías están lejos de ser perfectas, pero su utilización ha disminuido enormemente el daño en comparación con el estado de situación anterior. La iniciativa IIRSA ha buscado armonizar los procesos de EIA en todo el continente, lo que ha mejorado la capacidad técnica de los Ministerios de Medio Ambiente, y ha facilitado la inversión del sector privado en la muy necesaria infraestructura pública (Capítulo 2).

Sin embargo, muchos defensores del medio ambiente los ven como una forma de “lavado verde”, y existe una amplia evidencia objetiva de que la industria de servicios de EIA está sesgada hacia la aprobación y finalización de proyectos individuales (Capítulo 7). Hay pocos ejemplos de proyectos que han sido cancelados debido a los descubrimientos identificados en una EIA, en cambio, los desarrolladores utilizan el proceso de evaluación para identificar y modificar aspectos específicos mientras se aseguran de que los proyectos avancen hasta su finalización25.

Las limitaciones del sistema de EIA llevaron al desarrollo de un enfoque complementario conocido como Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), diseñado para identificar opciones de desarrollo alternativas en el futuro, y es considerado como una forma clara de evitar la degradación ambiental ya que se basa en la participación de la sociedad civil y las comunidades locales que preverían y vetarían vías de desarrollo no sostenibles. Ha habido tres intentos de alto perfil para realizar una EAE a lo largo de los corredores de carreteras patrocinados por la iniciativa IIRSA26. En cada caso, contribuyeron a la creación de una o más áreas protegidas, pero ninguna cambió sustancialmente las fuerzas económicas y sociales que impulsan la deforestación en los paisajes impactados por esas carreteras (Capítulo 7).

Otra metodología de planificación estratégica adoptada por los distintos gobiernos es “la planificación del uso de la tierra” que combina información sobre el suelo, el agua y la biodiversidad con datos sociales y económicos para hacer recomendaciones de zonificación para las jurisdicciones políticas. Este enfoque fue concebido en la década de los años setenta para identificar tierras apropiadas para la agricultura, pero evolucionó hacia un sistema más holístico en la década de los años noventa, cuando los gobiernos reaccionaron a la crisis de deforestación. Denominados como Zonificación Ecológica Económica (ZEE), estos estudios reconocen el status quo de los asentamientos y carreteras existentes, mientras que desalientan el desarrollo en tierras frágiles o áreas de valor ecológico o cultural excepcional (Capítulo 5). La situación legal de estos documentos técnicos varía según cada país, pero la mayoría son no vinculantes más que obligatorios. Los colonos, las élites locales y los empresarios los utilizan para identificar tierras con suelos cultivables, pero frecuentemente ignoran las recomendaciones basadas en criterios ambientales. Los ZEE se han utilizado en Brasil y Bolivia para identificar áreas que fueron incorporadas a sistemas de áreas protegidas y para reforzar los reclamos de comunidades indígenas o tradicionales (ver Capítulo 11).

Uno de los temas de gestión gubernamental más conflictivos en la Panamazonía gira en torno al manejo forestal. Las Constituciones de las nueve naciones amazónicas establecen un control soberano estatal sobre los recursos forestales. Obviamente, esto cubre todos los aspectos del manejo de los bosques públicos, pero también incluye los recursos forestales ubicados dentro de las propiedades privadas. Para quienes reconocen los derechos de propiedad privada sobre todas la cosas, esto parecería una aberración, sin embargo, este es un aspecto fundamental de los sistemas legales de estas naciones27. Además, prácticamente todos los predios de la Amazonía fueron entregados, aunque provisionalmente, con escrituras que reconocen este principio legal. En consecuencia, sus derechos de propiedad están claramente circunscritos por los precedentes y la ley. De todas maneras, la naturaleza humana a menudo reemplaza los principios legales, y existe una enorme resistencia por parte de los propietarios para cumplir las reglas y regulaciones que emanan de las distintas agencias gubernamentales.

Este conflicto entre la propiedad privada y la gestión forestal se hizo más evidente en los intentos del gobierno brasileño de hacer cumplir el Código Forestal, un marco normativo histórico promulgado por primera vez en 1936 y revisado recientemente en el 2012. La versión de 1965 estableció que los propietarios de tierras en la Amazonía solo podían desmontar veinte por ciento de sus tierras para la agricultura o la ganadería, y deben conservar el ochenta por ciento en su estado natural (Capítulo 7). De igual forma, los propietarios de tierras tienen derecho a explotar los recursos forestales, pero deben cumplir con una variedad de criterios de gestión28. Este Código Forestal fue ignorado descaradamente durante la mayor parte de los años setenta, ochenta y noventa, cuando los terratenientes desboscaron la tierra por encima del límite legal, así como a lo largo de los corredores fluviales que merecen una protección especial.

En 2005, el gobierno de Brasil lanzó el “Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal”, o “Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal”, (PPCDAm), una ambiciosa campaña para combinar los recursos del Estado brasileño, utilizando políticas de “palo y zanahoria”, y así reducir la deforestación. Dirigido desde la oficina del Presidente, impusó la coordinación entre diez ministerios y una docena de agencias autónomas. Los satélites capturaron datos precisos y en tiempo real, para que la fiscalía, con el apoyo de la policía, las autoridades impositivas y la agencia de protección ambiental, los utilizara para identificar actividades ilegales (Capítulo 7). Simultáneamente, el gobierno federal coordinó sus acciones con los gobiernos estatales para implementar un sistema de registro y reporte de tierras que brinde a los propietarios de tierras una vía flexible para remediar las infracciones acaecidas del Código Forestal. Los boicots de los consumidores reforzaron estas acciones, lo que obligó a las corporaciones multinacionales a implementar sistemas de certificación de la cadena de suministro que eliminaban la producción procedente de propiedades involucradas en actividades ilegales. Las medidas coercitivas se combinaron con incentivos, como asistencia técnica y crédito financiero de entidades públicas y privadas, medidas que aumentaron los rendimientos y los ingresos de paisajes previamente deforestados, mediante la “intensificación” de la producción en lugar del uso “extensivo” de la tierra (Capítulo 4).

El PPCDAm y las acciones relacionadas llevaron a una caída del ochenta por ciento en la deforestación en la Amazonía brasileña entre 2005 y 2012, un giro asombroso que llevó a los optimistas a proclamar que la deforestación se había desvinculado de la producción agrícola. El sistema de incentivos de “palo y zanahoria” se diseñó principalmente para la agroindustria, en particular los agricultores que producen soya y carne para los mercados de exportación. Las políticas coercitivas más eficaces excluyeron a los pequeños agricultores y, en consecuencia, hicieron poco por cambiar las prácticas de uso de la tierra en las zonas forestales más activas. Los ganaderos se dieron cuenta de que el gobierno carecía de voluntad política para cobrar multas ambientales y desarrollaron soluciones para comerciar ganado de propiedades dedicadas a la deforestación ilegal. La deforestación se incrementó desde un mínimo de 457 000 hectáreas en 2012, a 976 000 hectáreas en 2019, un valor muy por debajo de los 2 700 millones de hectáreas de deforestación registradas en 2004, pero los analistas pronostican que la tendencia continuará en el entorno regulatorio tras las elecciones de 2019.

Las campañas contra la deforestación en los países andinos nunca contemplaron un esfuerzo coordinado de sus gobiernos para reducir la deforestación, aunque, en Perú un grupo de trabajo de múltiples agencias ha utilizado sistemas de monitoreo recientemente implementado para intervenir en algunos incidentes altamente publicitados. Quizás lo más importante es que no existen cadenas de suministro de productos básicos globales correspondientes que puedan motivar a las empresas, los gobiernos y los propietarios de tierras a cambiar sus prácticas comerciales (Capítulo 3)29.

La mayor reserva natural de la historia

El compromiso con la gestión ambiental durante la década de los años noventa fue precedido por un movimiento de la sociedad civil para lograr la creación de parques nacionales y refugios de vida silvestre. En la primera mitad del siglo XX, los estados amazónicos crearon alrededor de una docena de parques nacionales, gracias en gran parte a los esfuerzos de personas visionarias y apasionadas con influencia política. En la mayoría de los casos, estos esfuerzos fueron aislados y no sostenibles porque los gobiernos no asignaron recursos financieros para su gestión y protección. Los esfuerzos serios para crear sistemas nacionales de áreas protegidas comenzaron en la década de los años setenta con la intención global de proteger la naturaleza y la vida silvestre. Las ONG internacionales y la Organización de las Naciones Unidas desempeñaron un papel destacado porque tenían buenas relaciones públicas, además de la legitimidad necesaria para atraer la atención de los distintos gobiernos nacionales. Más importante aún, los medios de opinión nacionales apoyaron su creación (Capítulo 10).

El primer grupo de áreas protegidas se caracterizó por ejemplos espectaculares de biodiversidad y belleza escénica: los tepuyes de Venezuela, las aisladas mesetas de Colombia y los picos nevados de los altos Andes. Los académicos utilizaron sus conocimientos, que todavía eran rudimentarios, para abogar por zonas seleccionadas de tierras bajas que eran excepcionalmente diversas o ecológicamente únicas (Capítulo 9). Brasil estableció reservas en diferentes partes de la Amazonía, operando bajo el supuesto de que serían diferentes y, por lo tanto, complementarias. Ecuador fue el primer país en crear un sistema nacional coherente, a principios de la década de los años ochenta, cuando designó áreas en todas las principales formaciones biogeográficas de ese país. Brasil, Colombia y Venezuela crearon los componentes centrales de su sistema nacional entre 1988 y 1991, y Bolivia hizo lo mismo a mediados de la década de los años noventa. El crecimiento de la red de áreas protegidas avanzó a una velocidad fenomenal, catalizado por donaciones desde las economías avanzadas y las agencias multilaterales de desarrollo. El incremento del territorio protegido fue de aproximadamente 10% por año entre 1965 y 1995, y aproximadamente 5% por año hasta 2015. A partir del 2019, aproximadamente el 28% de la superficie de la Panamazonía había sido catalogado en algún tipo de área protegida patrocinado por el Estado (Figura 1.8).

Muchas de estas áreas protegidas fueron el hogar de comunidades cuyo sustento dependía de los recursos naturales dentro de las reservas, lo que creó escenarios para posibles conflictos y fracasos. El “Programa Hombre y Biosfera” de las Naciones Unidas, proporcionó un marco filosófico para gestionar las relaciones entre las poblaciones residentes y los administradores de parques, al tiempo que patrocinaba proyectos piloto en áreas protegidas de alto perfil. Estas experiencias generaron un consenso rápidamente emergente de que los sistemas de áreas protegidas deben reflejar la diversidad de los desafíos de gestión característicos de los países en desarrollo. Cada país respondió en consecuencia y creó una diversidad de categorías que reflejaban sus respectivas realidades sociales y los compromisos políticos necesarios para reservar grandes áreas dentro de sus jurisdicciones amazónicas (Capítulo 12).

La UICN30 proporciona un sistema de clasificación que ofrece un marco lógico para comparar las múltiples categorías en seis agrupaciones, que incluyen aquellas que reciben “protección estricta”, como parques y monumentos nacionales, y otras que deben ser gestionadas para “uso sostenible”, como reservas forestales y zonas de amortiguamiento alrededor de los parques nacionales (Figura 1.8). El concepto de “reservas de uso sostenible” fue usado primicialmente por Chico Méndez, activista de los derechos humanos que dirigió el sindicato de trabajadores del caucho en Rondônia y Acre en las décadas de los años setenta y ochenta. Su asesinato por acaparadores de tierras en 1988 motivó al gobierno brasileño a crear una nueva categoría de área protegida, Reserva Extrativista (RESEX), que reconocía los derechos de las familias asentadas cuyo sustento dependía de los recursos forestales y de vida silvestre (Capítulo 12).

La proporción de territorios amazónicos clasificados como reservas naturales varía entre países, desde un máximo de 75% en Venezuela, hasta un mínimo de 5% en Guyana. Sin embargo, las diferencias son menores de lo que parecen, dependiendo de lo que se considere un área protegida. Por ejemplo, hay reservas forestales que permiten la tala y se han incorporado a los sistemas de áreas protegidas en Brasil y Venezuela, pero no así en Bolivia, Colombia y Perú. Los dos países con el área protegida designada más baja, Guyana (5%) y Surinam (15%), retienen áreas extensas dentro de la propiedad forestal estatal, aproximadamente un 50%, y se mantienen en reserva para la explotación forestal (Capítulo 8). Algunos territorios indígenas se han incorporado a sistemas de áreas protegidas, mientras que otros no (ver más abajo). Brasil y Perú también tienen grandes áreas que no han sido asignadas a ninguna categoría de manejo o régimen de tenencia.

CC BY 4.0

Figura 1.8: Se puede estratificar la red de áreas protegidas en áreas de protección estricta y áreas de uso sostenible. Los territorios indígenas están ampliamente organizados en propiedades comunitarias, que tienden a ser más pequeñas, y en áreas y reservas territoriales que incluyen múltiples comunidades.

Fuente de datos: Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG), https://www.amazoniasocioambiental.org/

La consolidación del sistema de áreas protegidas es un proceso continuo. Salvo unos pocos, los parques y reservas carecen de personal y presupuestos adecuados para la tarea de gestionar decenas de millones de hectáreas de zona forestal. Algunas áreas protegidas fueron creadas con conflictos sociales preexistentes vinculados a la minería ilegal31, el cultivo de la hoja de coca32 o la ganadería33. Los objetivos de la gestión sostenible son en gran medida ambiciosos y dependerán de la voluntad de los habitantes del lugar para buscar medios de vida compatibles con las pautas de gestión, lo que a su vez dependerá de sus capacidades para obtener una calidad de vida acorde con sus anhelos personales. Recientes tendencias en varias reservas RESEX demuestran que las familias del lugar han optado por acabar con el bosque y establecer pequeños cultivos agrícolas, ya que los beneficios económicos de los modelos de producción basados en el manejo forestal no satisfacen sus necesidades de ingresos34. En algunas jurisdicciones, la oposición a las áreas protegidas por parte de grupos influyentes amenaza con anular o degradar su estatus35.

© Caio Pederneiras/shutterstock.com.

A pesar de estos desafíos, o quizás debido a ellos, diversos grupos de la sociedad civil continúan sus campañas para expandir las redes de áreas protegidas. La designación de áreas protegidas nacionales se ha desacelerado, pero los esfuerzos para crear parques regionales y locales, reservas y áreas recreativas han aumentado, especialmente en las repúblicas andinas donde la autoridad administrativa se ha delegado recientemente a jurisdicciones subnacionales (Capítulo 7). Aunque las élites empresariales locales apoyan los modelos de desarrollo convencionales, la creación de áreas protegidas bajo control local es popular entre amplios sectores del electorado.

Fotografía cortesía de Hermes Justiniano.

Los países de la Panamazonía han creado la red de reservas naturales más grande del mundo para proteger la biodiversidad y la belleza escénica de lugares como el archipiélago de Anavilhanas en el Río Negro (Amazonas, Brasil) y la Serranía de Caparú en el Parque Nacional Noel Kempff (Santa Cruz, Bolivia).

El renacimiento indígena

El crecimiento explosivo de las redes de áreas protegidas fue acompañado por el reconocimiento simultáneo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, un proceso en curso que aún no ha concluido. Aproximadamente 2,5 millones de indígenas viven en la Panamazonía, y alrededor de dos tercios de ellos habita al interior de sus territorios, que suman entre 170 y 220 millones de hectáreas (Figura 1.8 y Cuadro de texto 1.3). Han ocupado y defendido esos territorios durante siglos, donde históricamente utilizaron la resistencia violenta pero ahora se basan en la desobediencia civil y el activismo político. Sin embargo, recibir un título legal o derechos de uso explícitos sobre su tierra natal no significa el fin del conflicto. Las comunidades indígenas deben proteger físicamente su tierra y sus recursos naturales de los ladrones de madera, los mineros ilegales y los acaparadores de tierras, así como librar batallas regulatorias para detener la construcción de carreteras, la exploración de petróleo o el desarrollo de infraestructura hidroeléctrica (Capítulo 11).

Los pueblos indígenas son los defensores más feroces y efectivos de la conservación de la Amazonía porque la lucha por sus territorios es de carácter existencial: si pierden su tierra perderán su identidad y dejarán de existir como pueblo. Lo saben porque son los supervivientes de un holocausto.

Los nativos americanos de la Panamazonía han sobrevivido una ola tras otra los eventos genocidas que comenzaron con la colonización del hemisferio occidental por parte de las potencias europeas en los siglos XV y XVI. La esclavitud, la guerra y las enfermedades epidémicas redujeron su población en aproximadamente un noventa por ciento a mediados del siglo XIX. Las prósperas comunidades que alguna vez poblaron el cauce principal del río Amazonas no fueron completamente aniquiladas, sus lenguas desaparecieron, pero los sobrevivientes fueron absorbidos, junto con sus conocimientos, por la cultura mestiza que ahora ocupa las orillas del gran río.

Los grupos étnicos que sobrevivieron, con su cultura e idiomas intactos, lo hicieron retirándose a territorios remotos en afluentes río arriba, limitando su contacto con los invasores de la civilización occidental. Algunos grupos étnicos interactuaron con misioneros y comerciantes fronterizos, participando en la economía amazónica mediante el comercio de una diversidad de productos forestales, que incluyen gomas, resinas, fibra, frutas, nueces, fauna silvestre y pescado. Sin embargo, no estaban preparados para la avalancha que llegó durante el inicio del primer auge del caucho en la última mitad del siglo XIX (Capítulo 6). Nunca se ha calculado el número de muertos, pero decenas de miles perecieron a causa de otra ronda de enfermedades y esclavitud. Aquellos que lograron sobrevivir se adentraron aún más en la selva.

El período comprendido entre el fin del primer auge del caucho y el de la implementación de las políticas nacionalistas de la década de los años setenta fue de relativa calma. Los forasteros continuaron buscando comunidades indígenas, pero en esta oportunidad llegaron con buenas intenciones. Los misioneros católicos y protestantes renovaron sus esfuerzos para “llevar la salvación” a las llamadas poblaciones paganas, donde su acción más importante fue educar a los hombres jóvenes, y a veces a las mujeres, como parte de una estrategia deliberada para asimilar los grupos étnicos a la sociedad occidental. El gobierno brasileño creó el “Serviço de Proteção ao Índio” (SPI), que buscaba “pacificar” a los grupos indígenas e integrarlos como culturas distintas en la sociedad brasileña36. Las expediciones y las estaciones comerciales estaban a cargo de “sertanistas”, muchos de los cuales admiraban las culturas indígenas y buscaban protegerlas de la sociedad moderna37. Un tercer grupo de personas combinó enfoques tanto misioneros como antropológicos: los cristianos evangélicos organizaron un esfuerzo muy eficaz para preservar las lenguas indígenas, reconociendo su papel esencial en la supervivencia cultural. Irónicamente, usaron ese conocimiento para traducir la Biblia a los idiomas nativos y, en el proceso, atacaron los elementos espirituales en el núcleo de la cultura indígena (Capítulo 11).

Cuadro 1.3: Las poblaciones étnicas de la Panamazonía y sus reclamos territoriales en 2017

Grupos Existentes y extinctos

Población indígena

Unidades territoriales

Hectáreas Formalizadas y Legalizadas

Hectáreas reclamadas y pendientes

Brasil

174/9

708 474

428

106 906 612

8 789 287

Bolivia

33/4

244 386

94

11 711 762

7 164 531

Colombia

49/4

253 711

185

26 217 159

Ecuador

8/1

349 935

+/-200

7 763 011

~3 000

Perú

73/4

615 555

1 500

14 568 446

5 360 988

Guyana

8/0

82 561

128

3 167 297

~3 000

Surinam

10/1

25 792

50

3 424 063

Venezuela

29/4

271 996

10

1 186 539

30 580 859

Guyana Fr.

7/0

25 333

22

715 223

Total

340/39

2 577 743

2 461

168 568 889

56 138 396

Estos tres grupos de intrusos actuaron como mentores de los pueblos indígenas a medida que sus sociedades se adaptaban a un mundo cambiante en la primera mitad del siglo XX. Cada uno contribuyó a la supervivencia de los pueblos indígenas con los que interactuaron, pero desafortunadamente, muchos intercambios desencadenaron otra ronda de enfermedades epidémicas. Sin embargo, los pueblos indígenas no eran receptores pasivos, pues absorbían algunas lecciones mientras ignoraban otras, y más importante aún, conservaron sus propias tradiciones de liderazgo, que aprovecharían para enfrentar la próxima amenaza existencial a su forma de vida.

Fotografías cortesía de Eric Stoner.

Megaron Txucarramae es el líder de los Kayapó, nación indígena de aproximadamente 8 000 personas que ha sido pionera en el autogobierno dentro de sus territorios en Pará. En esta foto se le ve durante un seminario donde los guardabosques recibieron capacitación para combatir incendios forestales, tala ilegal y otros tipos de invasión de su territorio en Mato Grosso.

En los años setenta y ochenta, el ya considerable ritmo de cambio fue escandaloso cuando los inmigrantes ingresaron a sus territorios, con ayuda de los gobiernos, y con la intención explícita de robar sus tierras. Huir más hacia el bosque ya no era una opción, así que tuvieron que organizarse y luchar, o morir. Debido a esto, grupos de nativos formaron asociaciones nucleadas por sus etnias y sus idiomas, a menudo dirigidas por alguien carismático que habría sido adoctrinado por algún mentor occidental. En un período de tiempo notablemente corto, las asociaciones étnicas individuales se unieron para formar federaciones nacionales para así representar sus intereses ante los gobiernos. Esto sucedió de forma independiente en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y de forma paralela se organizaron internacionalmente para crear una coalición amazónica de organizaciones indígenas38. Por diseño o buena suerte, sus movimientos se unieron en un momento en que estos países estaban experimentando una renovación democrática y reformas constitucionales. A fines de la década de los años ochenta, las repúblicas andinas y Brasil reconocieron explícitamente los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales y a alguna forma de gobierno autónomo.

El Parque Nacional do Xingu, creado en 1961, fue primer territorio indígena concebido en realidad como un parque nacional, y en ese momento era el área protegida más grande de Brasil. Sus proponentes, tres famosos hermanos sertanistas39, basaron su ambiciosa propuesta en sus observaciones de que las culturas indígenas están indisolublemente ligadas a sus medios de vida, y dependen por completo del acceso a los recursos forestales y acuáticos (Capítulo 11). Para proteger la cultura indígena, es necesario conservar el paisaje que sustenta la subsistencia de toda la tribu. El parque fue desclasificado como área protegida en 1991 y reconocido únicamente como territorio indígena: “Parque Indígena do Xingu” (PIX).

Previamente a la creación de los territorios indígenas, la cantidad de tierra cedida a una aldea o comunidad se calculaba en función del área requerida para mantener a una familia específica que usaba la metodología de tala y quema, en lugar del territorio necesario para lograr un medio de vida forestal. Otra decisión clave fue incluir varias comunidades en una sola reserva, lo que también aumentó el tamaño del área protegida, obligando a diferentes grupos étnicos, muchos de los cuales eran históricamente hostiles entre ellos, a colaborar en la administración de su territorio compartido (Capítulo 10). El “PIX” sentó un precedente en Brasil, a pesar de que muy pocos territorios indígenas fueron creados durante el gobierno militar entre 1964 y 1985, y fue recién durante la reforma constitucional del 1988 donde el reconocimiento comenzó en serio.

La afirmación de los derechos territoriales de las comunidades indígenas en las repúblicas andinas ocurrió primero en el Perú a principios de la década de los años setenta, cuando el gobierno militar de entonces inició la política de reforma agraria. Los peruanos adoptaron un modelo basado en la comunidad que transfirió la tierra de manera individual, en lugar de un modelo basado en el territorio que unió múltiples comunidades. Esta política ha creado un mapa fragmentado de tenencia de la tierra, que ha facilitado el desarrollo de infraestructura energética al tiempo que ha obstaculizado los esfuerzos de las organizaciones indígenas para limitar la expansión de la industria petrolera en el noreste de Perú (Capítulos 5 y 6).

En Bolivia, el gobierno de Evo Morales cambió la naturaleza de su sistema territorial, que originalmente utilizaba afinidades étnicas, permitiendo nuevos asentamientos por parte de migrantes de comunidades indígenas del Altiplano en tierras bajas. La Guyana adoptó un enfoque comunitario que limita el área forestal cedida a los pueblos indígenas al tiempo que maximiza la propiedad forestal bajo control gubernamental. Surinam aún tiene que actuar para crear territorios indígenas, a pesar de una decisión de la “Corte Interamericana de Derechos Humanos” a favor de los dos grupos más grandes40, quienes en algún momento solicitaron a la Corte que pida la restitución por los impactos ambientales vinculados a la industria de la bauxita (Capítulo 5). Venezuela ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas en algunas áreas protegidas, pero aún tiene que actuar sobre los reclamos territoriales de su considerable población indígena (Cuadro 1.3).

Si bien Perú se basa en gran medida en el modelo comunitario para la asignación de tierras a grupos étnicos asimilados por la sociedad moderna, ha implementado el modelo territorial para proteger a los grupos indígenas que se encuentran en aislamiento voluntario. Estos, anteriormente denominados grupos indígenas “no contactados” (hoy bajo la denominación oficial de poblaciones indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial - PIACI), se sabe que son pequeños grupos que existen en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Las estimaciones varían, pero probablemente hay menos de 10 000 individuos que viven nucleados en aproximadamente sesenta grupos en los rincones más remotos de la región (Figura 1.9), y se encuentran entre los sectores más vulnerables dentro de la Amazonía, ya que son susceptibles a enfermedades comunes al no haber adquirido las habilidades sociales necesarias para protegerse de los caprichos de la vida que son parte integral de la sociedad moderna.

Figura 1.9: La mayoría de los grupos indígenas que viven en aislamiento voluntario están ubicados en áreas remotas de las fronteras de los países amazónicos.

Mapa cortesía de International Work Group for Indigenous Affairs. Shelton et al. 2013.

Las personas que viven en aislamiento voluntario en la Amazonía no son las únicas culturas vulnerables, pues aproximadamente el diez por ciento de los grupos étnicos se han extinguido desde que los antropólogos compilaron una lista, más o menos completa, en la primera mitad del siglo XX. De igual forma, la extinción cultural es un hecho para otros 40 grupos con poblaciones de menos de 100 individuos, y el futuro es solo marginalmente mejor para otras 82 con menos de 500 habitantes, particularmente si no han conservado el uso de su idioma. Sin embargo, en general, la población indígena se ha cuadruplicado aproximadamente desde la década de los años setenta, una señal positiva de que su salud y bienestar han mejorado en paralelo con los esfuerzos para defender sus tierras. La mayor parte de ese crecimiento se ha producido dentro de los cincuenta grupos étnicos más grandes que han tenido mayor éxito en la protección de sus derechos y prerrogativas (véase el capítulo 11).

Estas cifras subestiman la población indígena real debido a la migración de jóvenes a los centros urbanos, siendo éstos tanto una oportunidad como un riesgo para ellos mismos. Si llegaran a conservar su identidad indígena, los centros urbanos pueden actuar como conducto de información, tecnología, educación y recursos financieros, pero desafortunadamente la historia ha demostrado que es más probable que pierdan su idioma y adopten la identidad cultural de la población mestiza mucho más numerosa.

Cuadro de texto 1.3. Guerreros de la conservación

Kayapó: Se opusieron al desarrollo de múltiples instalaciones hidroeléctricas en el río Xingu, mientras se enfrentaban a acaparadores de tierras y ladrones de madera. Han organizado un sistema de autodefensa que sirve de modelo para otros grupos indígenas.

Mundurukú: Han protegido sus tierras de los mineros de oro y han mantenido una presencia estratégica en las cataratas de São Luis de Tapajós, donde montaron una exitosa campaña contra la construcción de una represa que habría abierto el Tapajós como vía fluvial para la exportación de granos.

Yanomami: Movilizaron la opinión pública, que obligó al Estado a utilizar el ejército para combatir la minería ilegal de oro, al tiempo que alertaron al mundo sobre la difícil situación de las comunidades aisladas frente a las enfermedades epidémicas.

Amarakaeri: Desplazados de sus tierras por los mineros ilegales de oro en el río Madre de Dios y afluentes, pero continúan luchando para proteger sus tierras en las estribaciones orientales de los Andes.

Asháninka: Libraron una larga y dura batalla con la organización terrorista Sendero Luminoso y sus aliados cocaleros en las estribaciones de los Andes centrales.

Moxeños: Defienden sus tierras contra la intención del gobierno de construir una carretera en medio de su territorio que expandiría la huella de asentamientos para el cultivo de coca.

Waorani: Lideraron una lucha para detener la expansión de la producción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, al llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ashuar: Se opusieron a nuevas perforaciones petroleras por parte del Estado, mientras demandaron al gobierno ante los tribunales para responsabilizarlo por los daños causados debido a los derrames de petróleo causados por la negligencia en el manejo de un oleoducto de cuarenta años.

Fotografía cortesía de Eric Stoner.

Guerreros celebrando el “Kuarup”, ceremonia ritual en honor a los muertos practicada por los habitantes del Parque Indígena do Xingu (PIX), en Mato Grosso. El PIX se estableció en 1961 como el primer territorio indígena multiétnico de la Amazonía, y hoy es el hogar de más de 8 000 indígenas sudamericanos pertenecientes a 16 grupos étnicos y cinco linajes lingüísticos distintos.

Fuente: Povos Indígenas no Brasil, Instituto Sociambiental (https://pib.socioambiental.org/).

La revitalización de las comunidades indígenas ha pagado dividendos monumentales para la sociedad amazónica (Cuadro de texto 1.3). Su compromiso con la conservación de la biodiversidad asegura que sus territorios serán administrados como reservas de uso sostenible, y la mayoría se adhiere a criterios de manejo similares al tipo más restrictivo de área protegida. Su compromiso está integrado en su cultura, reforzado por la historia reciente y la amarga lucha por defender sus tierras (Capítulo 10). Son, literalmente, los nuevos guerreros de la conservación.

Monetizar el valor de los servicios de los ecosistemas, o no

La economía ambiental considera al ambiente como un generador natural de capital: la tierra, el agua y la biodiversidad se consideran activos que median el flujo de bienes y servicios desde los ecosistemas hacia la sociedad humana. Una de las innovaciones más importantes de esa disciplina fue el concepto de “Pago por Servicios Ecosistémicos o Ambientales” (PSA), basado en la observación de que, en determinadas circunstancias, las sociedades están dispuestas a pagar por la provisión de bienes y servicios que se originan en la naturaleza. La Panamazonía tiene el bosque tropical con mayor diversidad biológica de la Tierra, sus bosques y suelos contienen la mayor reserva de carbono, y es el hogar del recurso de agua dulce más grande del mundo. Sin embargo, ha sido difícil descubrir e implementar esquemas de PSA capaces de monetizar el valor de este enorme capital natural.

Con respecto a la biodiversidad, su valor sigue siendo hipotético hasta que se descubra; en consecuencia, se desconoce el potencial de mercado de la gran mayoría de las especies amazónicas. La industria farmacéutica moderna se basa en productos químicos derivados de plantas, hongos y animales, pero el proceso de descubrimiento es largo, difícil y está cargado de riesgos. Obstáculos similares impiden la inversión de los agronegocios, pues la investigación para descubrir el potencial económico de la agrobiodiversidad es realizada en gran parte por instituciones públicas. Un esquema de PSA para la biodiversidad no es una opción, porque no se han identificado los posibles beneficiarios de especies no descubiertas.

El valor del agua es más fácil de estimar porque la consumimos a diario, sin embargo, desarrollar esquemas de PSA es difícil porque la Amazonía es excedente en agua. Es inverosímil pedir a los consumidores que paguen por la conservación en nombre del agua, excepto en un número limitado de situaciones caracterizadas por escasez local. Por ejemplo, los distritos urbanos de agua en los Andes a menudo incorporan el costo de la conservación de la naturaleza en las facturas mensuales del agua, y de manera similar, las comunidades rurales que dependen del riego en los valles andinos secos han desarrollado esquemas de PSA para compensar a los vecinos en los hábitats del bosque nuboso que actúan como proveedores de agua. En todos los casos, la conexión entre provisión y consumo se circunscribe a una cuenca específica local. A mayor escala, el agua se considera un recurso gratuito.

Dos descubrimientos científicos recientes brindan la oportunidad para un nuevo esquema de PSA a escala continental basado en el agua: (1) la convección profunda, que mantiene las precipitaciones sobre la Amazonía, y está amenazada por la deforestación y fragmentación del bosque; y (2) el SAM que transporta agua desde la Amazonía a las zonas agrícolas de los subtrópicos (Capítulo 10). Se estima que la cifra total de la economía agrícola combinada de la Cuenca Paraguay-Paraná llegó aproximadamente a 200 mil millones de dólares americanos en el año 2018. La reducción de la productividad debido al estrés por sequía es cada vez más común y se traduce en miles de millones de dólares en pérdidas de ingresos. Desafortunadamente, un esquema de PSA es poco probable porque requeriría la transferencia de dinero a Brasil desde algún país menos rico, por ejemplo Paraguay, y un competidor geopolítico conocido por su mala gobernanza, como es Argentina.

Afortunadamente, Brasil tiene la capacidad y la infraestructura institucional para implementar un programa nacional de PSA basado en agua de lluvias. El gobierno federal apoya a los estados amazónicos brasileños a través de transferencias de ingresos integrados en el proceso presupuestario anual, pues el gasto público es el componente más importante de la economía en Acre, Amapá, Rondônia y Roraima (Anexo 1.1). El sistema podría expandirse a un régimen de PSA de facto aumentando los fondos para programas conocidos por apoyar el reciclaje de agua en zonas fronterizas, incluida la conservación de bosques, reforestación, agroforestería y agricultura baja en carbono (Capítulo 8).

El valor potencial del carbono forestal ha motivado a todas las naciones del planeta a crear un esquema global de PSA basado en compensaciones de carbono41. En 2009, los signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), acordaron implementar un sistema denominado “Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques” (REDD +). En ese momento, se asumió que las economías avanzadas, y posiblemente China, acordarían reducciones obligatorias en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la adopción de un mercado de carbono con límites máximos y comercio para generar demanda de compensaciones de carbono forestal. Desafortunadamente, Estados Unidos no adoptó una estrategia coherente de cambio climático y el mercado de cumplimiento de límites y comercio anticipado aún no se ha materializado.

Con el tiempo, los países de la Panamazonía han invertido en una variedad de iniciativas REDD +, motivados por la posibilidad de que Estados Unidos eventualmente adopte políticas de apoyo. Fueron alentados por agencias multilaterales de desarrollo y grupos de la sociedad civil que proporcionaron recursos financieros para crear la infraestructura institucional necesaria y probar modalidades para invertir los ingresos de un eventual sistema REDD +. Este sistema preliminar ha estado operando desde sus inicios mediante la generación de compensaciones de carbono que han sido monetizadas dentro de un mercado voluntario de carbono o mediante acuerdos ad hoc negociados por agencias de desarrollo multilaterales o binacionales (Capítulo 12).

El gobierno brasileño integró sus políticas REDD + dentro de su estrategia nacional de cambio climático y eligió monetizar las reducciones de emisiones a través del “Fondo Amazonía” (Fundo Amazônia). De acuerdo con las reglas establecidas por el proceso REDD+, la disminución de la deforestación entre los años 2005 y 2017 redujo las emisiones de CO2 de la Amazonía brasileña en aproximadamente 1,5 gigatoneladas. El gobierno brasileño sostiene que esas reducciones deberían tener un valor de aproximadamente 22 mil millones de dólares americanos, basado en un precio proyectado de alrededor de 15 dólares por tonelada de CO2. Las donaciones al Fondo Amazonía totalizaron 1 300 millones de dólares, lo que se traduce en un precio de compensación de carbono de 0,86 dólares por tonelada de CO2. Brasil ha aplicado políticas para reducir la deforestación por múltiples razones, incluida la protección de sus mercados de exportación y responder a un electorado nacional preocupado por la Amazonía (Capítulo 10), pero cuando se considera una inversión en REDD +, esas políticas no han sido particularmente lucrativas42.

El compromiso de Brasil con el sistema REDD + está siendo revisado actualmente por el gobierno recién elegido, que hizo campaña electoral para promover el desarrollo convencional de la Amazonía, y los dos principales contribuyentes al Fondo Amazonía, los gobiernos de Noruega y Alemania, suspendieron sus contribuciones a fines de 2019 para protestar contra el cambio de políticas de Jair Bolsonaro. Este conflicto ha revelado diferentes interpretaciones del acuerdo REDD +, Brasil sostiene que debe ser compensado por el desempeño pasado, mientras que los países donantes creen que su contribución continua se basa en futuras reducciones de emisiones, o al menos, un compromiso de mantener políticas para combatir deforestación ilegal.

Los países andinos, Guyana y Surinam participan en iniciativas REDD+ organizadas por las Naciones Unidas y el Banco Mundial, así como en varios programas binacionales patrocinados por países donantes individuales. Numerosas iniciativas REDD + han sido organizadas y financiadas por organizaciones de la sociedad civil que aún tienen que monetizar sus compensaciones de carbono, y, presumiblemente, tienen certificados en previsión de mercados a futuro de cap-and-trade. Hasta 2020, no había una estimación publicada de su valor de mercado, aunque reportan una superficie total de 44 millones de hectáreas.

Quizás la iniciativa REDD + más interesante sea el “Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques”, una coalición de jurisdicciones subnacionales que trabajan para crear un marco a través del cual las reducciones de emisiones se pueden monetizar independientemente de las políticas nacionales43. El enfoque jurisdiccional simplifica los desafíos y mitiga muchos de los riesgos asociados con el monitoreo de la deforestación, al tiempo que proporciona un marco políticamente conveniente para distribuir los ingresos generados por las reducciones de emisiones. Además, los defensores proponen agregar valor a REDD + mediante la incorporación de mecanismos para contar las remociones de carbono que podrían ocurrir debido a cambios en el manejo del suelo u otras oportunidades creadas por las “Estrategias de Desarrollo de Bajas Emisiones” (LEDS). Las jurisdicciones participantes incluyen los ocho gobiernos estatales de la Amazonía brasileña, Perú, Ecuador y Colombia (Capítulo 12).

El sistema REDD + no ha proporcionado los recursos necesarios para detener la deforestación (a nivel macro), y mucho menos transformar la economía regional. Este fracaso se atribuye a la incapacidad de las economías avanzadas de poner un precio significativo a las emisiones de carbono, sin embargo, incluso si se aumentaran los ingresos de REDD +, es posible que no sean suficientes para superar los múltiples factores complejos que impulsan la deforestación. Aún menos probable es la perspectiva de que se asigne dinero para la reforestación de decenas de millones de hectáreas de pastos degradados que, según los modeladores climáticos, son necesarios para estabilizar el régimen de precipitaciones del continente sudamericano.

El desafío del futuro, y lecciones del pasado reciente

La trayectoria de desarrollo actual de la Panamazonía es incierta. La inversión en curso en áreas protegidas y territorios indígenas ha creado una base sólida para la conservación de la biodiversidad de la región. La dramática reducción de la deforestación en Brasil probablemente evitó una catástrofe ecológica e identificó políticas públicas clave con el potencial de doblar el arco del desarrollo amazónico. No obstante, el impulso de cincuenta años de crecimiento económico caótico, el desprecio por la ley y el poder económico de los intereses creados continúan impidiendo los esfuerzos para detener la degradación ambiental que amenaza la integridad a largo plazo de la Panamazonía.

De cara al futuro, múltiples fenómenos interrelacionados determinarán el futuro de la región, algunos apoyarían el desarrollo de una economía sostenible, mientras que otros reforzarían los comportamientos vinculados a los modelos de negocio convencionales. Muchos son neutrales por naturaleza y tienen impactos que podrían mitigarse en una economía regional bien administrada y diversificada. Se los puede organizar en las siguientes cuatro categorías, según su probabilidad de ocurrencia y su potencial para contribuir a un futuro sostenible (Capítulo 13).

Cosas que definitivamente sucederán

Las redes de carreteras continuarán expandiéndose y se mejorarán las carreteras existentes, es solo cuestión de tiempo. Por tal motivo, se expandirán las empresas agrícolas con mercados de exportación en el extranjero, esto desplazará a algunos productores hacia la zona forestal (ganaderos) y motivará a otros a expandir los modelos de producción existentes (pequeños propietarios). Las industrias extractivas dominarán las economías de jurisdicciones ricas en recursos minerales, su desempeño ambiental mejorará pero aún crearán pasivos ambientales a largo plazo. Las tecnologías de producción sostenible, como la acuicultura, brindarán nuevas oportunidades económicas, mientras que los productos forestales seleccionados, como el açaí, se convertirán en nuevos productos básicos de exportación. Las iniciativas para descentralizar las funciones administrativas del Estado empoderarán tanto a las élites locales que desean expandir los modelos de producción convencionales como a los activistas de base que abogan por la conservación del ambiente y la justicia social. La urbanización seguirá ampliando las oportunidades y mejorando las condiciones de vida de los habitantes de la región.

© PARALAXIS/shutterstock.com.

Río Branco, es la capital y hogar de aproximadamente 50% de los habitantes del estado de Acre, teniendo éste una distribución urbana y rural común en todo el sur de la Amazonía, donde tres de cada cuatro habitantes residen en localidades con una población mayor a 10 000 habitantes. Muchos residentes urbanos apoyan la conservación de la naturaleza, pero sus economías dependen de los sistemas de producción vinculados a la deforestación y las industrias extractivas.

Cosas que posiblemente puedan pasar

La gestión de las áreas protegidas debería mejorar a medida que sus operaciones se incorporen a los presupuestos estatales, no obstante, la oposición política circunstancial puede hacer que estos temas sean eliminados de dichos presupuestos o eliminados del sistema.

Las comunidades indígenas enfrentarán desafíos para proteger su tierra, algunos pueden verse tentados a ceder el acceso a sus recursos naturales a cambio de dinero. El incumplimiento generalizado de las regulaciones de zonificación del uso de la tierra, por ejemplo el Código Forestal, y la pérdida de remanentes forestales, pueden disminuir los sistemas convectivos que mantienen regímenes de alta precipitación. La demanda de los consumidores de productos básicos libres de deforestación debería conducir a la intensificación de la producción en las zonas agrícolas, mientras que los modelos comerciales basados en la comunidad podrían mejorar la gestión de las pesquerías silvestres y reducir los niveles de informalidad e ilegalidad en la industria maderera. El turismo ecológico y cultural podría mejorar los medios de vida de las comunidades forestales tradicionales, pero requeriría una inversión significativa en infraestructura, capacidad humana y comercialización. La reforma democrática y la supervisión regulatoria pueden mejorar la calidad y objetividad de la revisión ambiental y social, pero es poco probable que eliminen inversiones desacertadas en infraestructura o en el sector extractivo. Los recursos financieros de los esquemas de PSA podrían proporcionar un apoyo fundamental para los presupuestos operativos de las áreas protegidas y las tierras indígenas, pero es posible que no proporcionen suficiente capital de inversión para reformar los modelos comerciales no sostenibles.

Cosas que nunca deberían suceder

No debe haber nuevas carreteras troncales construidas a través de áreas silvestres ya que no existen justificaciones basadas en criterios económicos para el sector del transporte. Las instalaciones hidroeléctricas a gran escala en los ríos principales deben eliminarse de cualquier consideración, debido a los impactos irremediables en los flujos de sedimentos y la migración de peces, pues rara vez son económicamente viables si se utilizan criterios financieros estándar. El calentamiento global no debe exceder los 2° Celsius debido a los impactos en la fisiología de las plantas, la dinámica del carbono forestal y las modificaciones a escala continental de los regímenes de precipitación.

Cosas que es absolutamente necesario que sucedan

Las actividades más perniciosas y destructivas en la Amazonía son todas flagrantemente ilegales, y los gobiernos deben tomar medidas para controlarlas. Algunos hechos se derivan de una tolerancia cultural a la corrupción, a la tala ilegal y el acaparamiento de tierras. Otros son producto de la desigualdad y el carácter lucrativo de la actividad ilícita: la minería artesanal de oro y el cultivo de coca. Erradicar el primero requerirá una reforma institucional y una acción policial y judicial sostenida, lo último requerirá un enfoque más integral debido al número de personas involucradas y la voluntad de enfrentar al Estado con violencia.

Enfoques políticos actuales ciertamente necesarios, pero ¿suficientes?

La estrategia de consenso para salvar la Amazonía se basa en una serie de políticas que se refuerzan a sí mismas: (1) crear áreas protegidas y reconocer reservas indígenas, (2) mejorar la gobernanza para combatir las actividades ilegales, (3) aumentar la demanda del mercado de productos básicos libres de deforestación, (4) aumentar el valor económico de los medios de vida forestales, y (5) generar ingresos financieros de esquemas de PSA para respaldar la implementación de los primeros cuatro pilares estratégicos. Dos de estas políticas, la 3 y 5, se basan en incentivos macroeconómicos, y otros dos, la 1 y 2, en iniciativas de arriba hacia abajo que emanen de los gobiernos centrales. Solo una, la 4, busca cambiar la microeconomía en la frontera forestal y se enfoca en una parte de la economía amazónica que no causa directamente la deforestación. Todas estas políticas dependen de REDD + y, en consecuencia, del desarrollo de un mercado global robusto de carbono.

Esta no es una expectativa irrazonable. El sistema REDD + brinda una oportunidad para mitigar el calentamiento global y aliviar la crisis de la biodiversidad al subsidiar políticas que sean rentables, oportunas y humanas. Este siempre ha sido visto como una solución provisional que reduciría las emisiones mientras las economías avanzadas, lideradas por Estados Unidos, hacen la transición a una economía más verde. Desafortunadamente, la demora de veinte años en implementar una estrategia coherente de cambio climático ha hecho de REDD + una herramienta de política menos relevante.

Es cada vez más probable que la administración del presidente Biden, elegido en 2020, adopte una estrategia de cambio climático más agresiva que repercuta en toda la economía mundial. Las políticas vistas con simpatía por los progresistas exigen un programa regulatorio y de inversión multisectorial que transformará rápidamente la economía nacional. En contraste, los economistas ortodoxos prefieren un impuesto al carbono fiscalmente neutral que permitiría al mercado determinar qué sistemas y tecnologías energéticas prevalecen. Ninguno de estos enfoques prevé un sistema obligatorio de cap-and-trade44. Además, muchos activistas climáticos ven a REDD+ como un “lavado verde” que retrasaría los cambios fundamentalmente necesarios para crear una economía de cero carbono, una visión reforzada por la incertidumbre en la permanencia y aumento de las compensaciones de carbono forestal que se originan en sociedades caracterizadas por una mala gobernanza.

Considerando la gran inversión realizada por agencias multilaterales de desarrollo y países con bosques tropicales, se implementará algún tipo de mecanismo REDD +. Desafortunadamente, es más probable que ese sistema siga siendo, como lo es actualmente, un mecanismo para canalizar la asistencia en el extranjero hacia las naciones en desarrollo, combinado con un mercado voluntario de carbono utilizado por las corporaciones para compensar las emisiones de los combustibles fósiles (Capítulo 10). Ese tipo de sistema REDD + proporcionaría un apoyo esencial para la gestión de áreas protegidas y ayudaría a las comunidades indígenas, pero no será suficiente para transformar la economía de la Panamazonía.

© JBK/shutterstock.com.

El açaí es una súper fruta que se ha disparado en popularidad durante la última década debido a sus beneficios nutricionales. Ha sido un elemento básico del comercio amazónico durante siglos, y se cosecha de una palmera (Euterpe oleracea) que domina el bosque de llanura aluvial en el bajo Amazonas. Los propietarios de tierras han comenzado a cultivar la palma de açaí en plantaciones para satisfacer la demanda mundial de exportaciones que superó los mil millones de dólares en 2019.

La necesidad de un “plan b”: sistemas de producción basados en árboles

Para que sea verdaderamente exitosa, la transformación de la economía amazónica requerirá el apoyo total de los ganaderos y pequeños propietarios que ocupan 80 millones de hectáreas de tierra previamente deforestada, y un área aproximadamente equivalente en riesgo de deforestación futura. La mayoría de los propietarios de tierras persiguen modelos de negocio basados en la deforestación, ninguno de los cuales es particularmente productivo cuando se ve desde la perspectiva de la energía (carbohidratos) o la nutrición (proteínas). Sin embargo, son económicamente ventajosas cuando se consideran dentro de los plazos que limitan las decisiones de inversión, incluso cuando esas decisiones conducen a la eventual degradación de los recursos del suelo (Capítulo 3). Si se invirtiera la lógica económica que impulsa la deforestación, y plantar árboles fuera más lucrativo que talarlos, la mayoría de los terratenientes cambiarían felizmente sus sistemas de producción. Esta suposición es, esencialmente, el modelo de negocio para la “agrosilvicultura”, un sistema de producción basado en árboles dirigido a los pequeños propietarios, y para la “silvicultura de plantaciones”, un sistema de producción basado en árboles apropiado para grandes extensiones de tierra (Capítulo 8).

Ambos modelos de producción han sido promovidos por los extensionistas agrícolas y silvicultores durante décadas. Los ejemplos más notables de cultivos agroforestales son el café y el cacao, mientras que los sistemas de plantación incluyen aceite de palma y fibra de madera (celulosa, carbón vegetal, biocombustible o madera). Los sistemas agroforestales son relativamente populares entre los defensores del ambiente y los pequeños propietarios que los adoptan. Sin embargo, los sistemas de plantación suelen atraer la ira de los activistas ambientales porque históricamente se han asociado con la deforestación a gran escala y generalmente se basan en el monocultivo de especies no nativas (Capítulo 3).

La opción preferida de la mayoría de los científicos de la conservación es la restauración de zonas forestales utilizando especies nativas para recrear el hábitat natural que produciría, eventualmente, especies frondosas de madera de alta calidad. Desafortunadamente, ese modelo de negocio tiene un tiempo de retorno econímico (return on investment - ROI) medido en décadas, en lugar de años, y no es viable sin muy grandes subsidios, que presumiblemente serían proporcionados por los mercados globales de carbono. En Brasil, los defensores del ambiente sostienen que los propietarios de tierras eventualmente se verían obligados a restaurar el hábitat nativo para cumplir con el Código Forestal (Capítulo 7). Es probable que eso suceda, pero la historia reciente ha revelado la fricción social asociada con esa vía política, y ciertamente no sucederá durante la administración de Jair Bolsonaro.

Los sistemas de producción basados en árboles tienen la ventaja de restaurar la funcionalidad de reciclaje de agua atmosférica en zonas deforestadas y altamente fragmentadas (Capítulo 10). Se puede persuadir a los productores amazónicos de que adopten modelos de producción basados en árboles, pero sólo si existe una demanda genuina de los productos básicos que producirían. Es casi seguro que varios millones de hectáreas de nuevas plantaciones de café y cacao inundarían los mercados mundiales de productos básicos y destruirían el incentivo económico para cultivarlos. En contraste, la producción de fibra de madera tiene una vía de crecimiento mucho mayor, particularmente a la luz del reciente despertar global de los impactos causados por nuestra economía de consumo basada en el plástico. Si los plásticos derivados de combustibles fósiles fueran reemplazados por fibra vegetal, la oportunidad económica potencial para la Panamazonía y otras regiones de bosques tropicales sería enorme.

Los sistemas de producción basados en árboles no están exentos de riesgos, incluido el potencial de desplazar la producción ganadera hacia la forestal y la introducción de especies exóticas en hábitats naturales. Los riesgos de desplazamiento podrían mitigarse utilizando el mismo conjunto de opciones de política descritas anteriormente, mientras que el riesgo de especies invasoras podría evitarse mediante el uso de plantaciones mixtas de especies nativas, de las cuales hay literalmente miles de posibilidades (Capítulo 9). La búsqueda de sistemas de producción basados en árboles, asentado en un producto básico con un mercado global, representa otra solución macroeconómica, pero que utiliza un modelo de negocios que responde a los desafíos microeconómicos y los obstáculos sociales que han obstruido las políticas actuales.

La Panamazonía es una región grande y complicada, y ningún paquete de políticas por sí solo resolverá el enigma de reconciliar la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico. Muchas, o quizás todas las soluciones deberán ser de naturaleza local o regional. Incluso los modelos macroeconómicos, y los modelos verticalistas favorecidos por los especialistas en políticas públicas, deberán implementarse en el contexto de circunstancias geográficas específicas. Este libro intenta exponer estos temas en una narrativa sistemática y lógica para facilitar el descubrimiento de un camino a través de una tormenta perfecta de caos ambiental hacia un futuro sostenible para la Panamazonía y todos sus habitantes.

Anexo 1.1: Contribución relativa de los distintos sectores y subsectores al PIB de los jurisdicciones amazónicas de los republicas andinas y de la costa de Guyana.

Anexo 1.2: Contribución relativa de los distintos sectores y subsectores al PBI de los estados de la Amazonía brasileña.

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Notas al capítulo 1

. Killeen T.J., 2007. A Perfect Storm in Amazon Wilderness, Conservation and Development in the Context of the Initiative for the Integration of the Regional Infrastructure of South America (IIRSA). Washington, D.C.: Conservation International.

. Lovejoy, Thomas E. y Carlos Nobre. 2018. ‘Amazon tipping point’. Science Advances 4(2): eaat2340.

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. Las cuencas hidrográficas enumerdas en la figura 1.4 son las siguientes: (1) Estuario y drenaje costero del Amazonas, (2) Amazonía en el Escudo Guayanés, (3) Amazonas de los Altos Andes, (4) Solimões - Amazonas, (5) Essequibo, (6) Guaporé - Itenez, (7) Guayanas, (8) Madeira en el Escudo Brasileño, (9) Piedemonte Mamoré - Madre de Dios, (10) Delta y drenaje costero del Orinoco, (14) Orinoco Alto Andes, (13) Llanura del Orinoco, (12) Piedemonte del Orinoco, (15) Río Negro, (16) Tapajós - Juruena, (17) Tocantins-Araguaia, (18) Piedemonte Ucayali - Urubamba, (19) Piamonte amazónico occidental, (20) Xingu. Fuente: B. Lehner y G. Grill. 2013. Hydrological Processes 27 (15): 2171-2186; Land cover data-ESA. Land Cover CCI Product User Guide Version 2. Tech. Rep. 2017.

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1 doi: 10.3197/9781912186228.ch01

2 Lava Jato (lavado de autos) se refiere a una serie de acciones judiciales que involucran grandes compañías constructoras y políticos de Brasil, pero que eventualmente se extendieron para incriminar a líderes políticos en distintos países andinos (Cap. 6).

3 Los brasileños dividen el río Amazonas en dos secciones: el nombre “Amazonas” se usa para la sección abajo de la unión del Solimões y el río Negro, en Manaus. Aguas arriba se refieren al río como el “Solimões”, que se extiende hasta el cruce de los ríos Marañón y Ucayali en Perú. Los Perúanos se refieren a los Solimões como el río Amazonas.

4 Existe abundante evidencia arqueológica, en forma de suelos de tierra negra, que documenta la extensión de las sociedades precolombinas (Cap. 6).

5 El “Coca Codo Sinclair” es una central hidroeléctrica de 1 500 MW construida en las estribaciones del Ecuador amazónico, con asistencia técnica y financiera del gobierno chino (Cap. 2).

6 Grupo criollo de personas originado por la mezcla de esclavos fugitivos e indígenas en Surinam y Guayana Francesa. Hay personas con una historia cultural similar y se conocen como quilombolas en Brasil.

7 “Llave en mano” se refiere a contratos que incluyen estudios de factibilidad, revisión ambiental y social, diseño de ingeniería, construcción, financiamiento y, ocasionalmente, operaciones a través de contratos a largo plazo.

8 Los ríos amazónicos se estratifican en tres amplias categorías conocidas como “aguas blancas” (altas cargas de sedimentos con pH neutro), “aguas negras” (baja carga de sedimentos con alta concentración de taninos y pH ácido), y “agua claras” (baja carga de sedimentos con concentraciones de taninos de bajas a moderadas, y pH neutro).

9 El Código Forestal de Brasil obliga a los propietarios de tierras a conservar los corredores ribereños que brindan servicios ecosistémicos clave dentro de las servidumbres forestales denominadas “Áreas Permanentes de Protección” (Cap. 8).

10 Una excepción a esto fue el gobierno de Venezuela, que ha consolidado una forma extrema de socialismo combinado con un gobierno autoritario.

11 Este valor fue compilado a partir de informes publicados por agencias de estadística que estratifican la información por jurisdicción subnacional y subsector. Guyana y Surinam solo informan datos nacionales. Venezuela no reporta datos del PIB estratificados por región y está excluido. La métrica del PIB que se informa aquí se basa en el “valor actual” y se compara entre jurisdicciones utilizando tipos de cambio anuales medios en 2017.

12 Amazon.com reportó 233 mil millones de dólares en ventas totales en 2018, con una tasa de crecimiento anual aproximada de 30%. Por el contrario, el PIB de la Panamazonía aumentó aproximadamente un 2% entre 2017 y 2018.

13 Santa Cruz, La Paz y Cochabamba juntas comprenden alrededor del 55% de la población.

14 Cuando faltan datos, los economistas estiman estadísticas utilizando modelos basados en diferencias en gastos e ingresos, en demanda de divisas, o rastreando el consumo de un producto básico correlacionado con la actividad económica como la electricidad. Fuente: Banco de la Reserva Federal de St. Louis.

15 Irónicamente, los gastos para remediar un derrame de petróleo se registrarán como una contribución positiva al PIB.

16 Los inversores utilizan el término “valor intrínseco” para describir el valor potencial de un activo basándose en una evaluación objetiva que considera el rendimiento potencial a largo plazo. Se utiliza en yuxtaposición al término valor de mercado, que refleja las ganancias generadas por el activo. Los filósofos y los economistas ambientales utilizan el “valor intrínseco” para describir un punto de vista que se resiste a los esfuerzos por atribuir un valor monetario a la naturaleza, argumentando que tiene valor en sí mismo. Ambos usos son válidos para la Amazonía.

17 Consulte la sección a continuación, “‘Monetizar el valor de los servicios de los ecosistemas, o no’”.

18 En Bolivia, las transacciones se formalizan con dos tipos de documentos paralelos: uno con el valor real, que se mantiene privado, y otro con un valor “catastral”, que se informa a las autoridades. A pesar del evidente fraude, los tribunales aceptan la versión de valor real durante un litigio.

19 En Ecuador, el PIB de valor agregado fue el 50% de la producción bruta de petróleo, mientras que en Pará, el PIB de valor agregado fue el 40% de los ingresos brutos. Dado que los costos de producción son fijos, estos porcentajes varían según el precio de estos productos básicos globales. Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) y Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica, Banco Central de Ecuador.

20 Los distintos gobiernos también invirtieron en investigación en las ciencias aplicadas que contribuyeron al desarrollo económico de la región e, intencionalmente o no, aceleraron la deforestación y la degradación ambiental. Entre las consecuencias más devastadoras de esta investigación y desarrollo se encuentra la evaluación e introducción de pastos cultivados de origen africano combinados con el mejoramiento genético de razas de ganado del sur de Asia. El servicio brasileño de investigación agrícola (EMBRAPA) transformó la agricultura tropical mediante el desarrollo de variedades de soya adaptadas a los trópicos húmedos (Capítulo 3). La investigación realizada por fitopatólogos y entomólogos en Colombia y Ecuador superó las limitaciones inherentes a los sistemas de producción de plantaciones para apoyar la expansión de la palma aceitera (Colombia) y el cacao (Ecuador).

21 Ecólogos afiliados al Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), en colaboración con la Institución Smithsonian, iniciaron el “Proyecto de Dinámica Biológica de Fragmentos Forestales” (BDFFP), un experimento a largo plazo iniciado en 1979 para documentar cómo la deforestación y la fragmentación afectan la composición, estructura y función de un ecosistema forestal.

22 La “Red Amazónica de Inventarios Forestales” (RAINFOR) ha publicado más de 200 artículos revisados y escritos por 200 autores colaboradores; ver: https://leaf.leeds.ac.uk/projects/rainfor/

23 El Monzón de América del Sur está establecido y controlado por la rotación de la Tierra, la altura de los Andes y las gradientes de presión atmosférica impulsadas por las diferencias de temperatura entre el océano Atlántico y la masa terrestre de América del Sur (Cap. 9).

24 Las Constituciones vigentes de Guyana (1980) y Surinam (1987), adoptadas en su Independencia, tienen una sola cláusula sobre el ambiente.

25 Un raro ejemplo es la represa propuesta en São Luis de Tapajós, proyecto cancelado en 2017. En contraste, las observaciones seriadas de paneles técnicos oficiales e independientes que criticaron las represas propuestas en el río Xingu llevaron a una reconfiguración de sus componentes y a la eventual construcción de la instalación de Belo Monte entre los años 2000 y 2019 (Cap. 2 y 7).

26 Corredor Bioceánico Santa Cruz-Puerto Suárez, Corredor Interoceánico del Sur y Madre de Dios-Acre-Pando (MAP), y Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável, para a Área de Influencia da Rodovia BR-163 Cuiabá-Santarém.

27 Este aspecto de la jurisprudencia está vinculado a la época de las colonias, cuando la tierra y sus recursos pertenecían a la Corona, donde esta otorgaba concesiones y derechos de uso a particulares y empresas. También sustenta la base legal para que el Estado reclame el dominio sobre todos los recursos minerales subterráneos (Cap. 5 y 7).

28 En el caso de la madera, los propietarios deben realizar un inventario y luego adoptar un ciclo de corte que asegure la supervivencia de poblaciones viables de cada especie. Dado que esto no se conoce para la mayoría de las especies, se recomienda un ciclo de cosecha de 30 años por defecto.

29 El café y el cacao tienen cadenas de suministro descentralizadas que carecen de puntos críticos sensibles a los boicots, mientras que los productores de aceite de palma en Perú y Ecuador producen principalmente para los mercados internos. (Cap. 3).

30 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

31 Brasil: Floresta Nacional (FLONA) Jamanxim, Crepori, Itaituba-I; Área de Proteção Ambiental (APA) Tapajós; Parque Nacional (PARNA) Jamanxim, Rio Novo. Venezuela: Reserva Forestal (RF) Imataca, La Paraguay, Sipapo; Parque Nacional (PN) Canaima, Caura, Parima-Tapirapeco; Reserva de la Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare. Perú: Reserva Nacional Tambopata. Bolivia: Parque Nacional Madidi; Guyana Francessa: Parc Amazonien de Guyane

32 Bolivia: Parque Nacional (PN) Isiboro-Securé, Carrasco, Área de Manejo Integral (AMNI) Amboró. Colombia: Distrito de Manejo Integrado (DMI) Macarena Norte.

33 Brasil: FLONA Jamanxim, Reserva Biológica (RESEB) Nascentes da Serra do Cachimbo, APA Triunfo do Xingu.

34 Casi todas las familias residentes en la reserva extractiva más antigua de Brasil, “RESEX Chico Mendes”, han talado pequeñas partes de bosque que varían en tamaño, desde unas pocas hasta más de cien hectáreas y se dedican cada vez más a la ganadería, mientras que las reservas RESEX en Rondônia se asemejan a zonas de colonización con deforestación. (Cap. 8).

35 La legislatura estatal de Rondônia revocó el estatus a diez áreas protegidas en 2018 de manera torpe cuando el Gobernador de entonces creó un área protegida en el último día de su mandato por Decreto Ejecutivo en lugar de acción legislativa. (Cap. 10).

36 El SPI se estableció bajo el liderazgo de Cândido Rondon, un oficial del ejército de ascendencia indígena, famoso por sus expediciones amazónicas y su filosofía de cómo contactar e interactuar con las tribus indígenas.

37 Los sertanistas eran conocidos por sus habilidades de campo y su capacidad para vivir entre comunidades indígenas, algunos eran antropólogos autodidactas y contribuían con información a estudios académicos que documentaban culturas étnicas, otros eran simples sinvergüenzas que aprovecharon de sus posiciones dentro del SPI para cometer hechos de corrupción.

38 COICA, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.

39 Los hermanos Villas-Bôas vivieron entre los indígenas del Alto Xingu en el Estado de Mato Grosso. Su propuesta, publicada originalmente en 1952, contó con el apoyo de Cândido Rondon y otros oficiales militares clave. Ver cap. 10.

40 Lokono (Caribe) y Kalina (Arawak).

41 La compensación de carbono es una reducción en las emisiones de CO2 u otros gases de efecto invernadero (GEI) que se comercializan para compensar las emisiones realizadas en otros lugares.

42 Otras iniciativas de REDD + que involucran al estado brasileño incluyen un proyecto financiado por el “Fondo Verde para el Clima” (GCF) para apoyar la conservación y restauración de remanentes forestales en propiedades privadas por una suma de 96.4 millones de dólares, y un programa implementado por la agencia ambiental estatal en Acre para promover la conservación de los bosques de 163 millones de dólares.

43 La iniciativa es liderada desde California e Illinois en los Estados Unidos, que busca implementar políticas de cambio climático a pesar de la falta de acción por parte del gobierno federal. El financiamiento puente para el GCF-TF está siendo proporcionado por los gobiernos de Noruega, Alemania y el Reino Unido.

44 En junio del 2020, hubo ocho propuestas legislativas diferentes ante el Congreso de los Estados Unidos para adoptar políticas para poner precio al carbono, todas menos una se basan en un impuesto al carbono. El proyecto de ley de cap-and-trade se conoce como un sistema de topes y dividendos donde los ingresos se devuelven a los contribuyentes y no incluye una provisión para las compensaciones de carbono creadas a través del mecanismo REDD +. Ver: https://priceoncarbon.org/business-society/history-of-federal-legislation-2/